Arnaud Peral, coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, fue recibido en en comisión general por el Pleno de la Asamblea, en el marco del análisis de la objeción parcial del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, al proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo, que busca armonizar este cuerpo jurídico con el marco constitucional vigente desde 2008, toda vez que la ley actual data de 1997.
Peral recordó que los órganos y entidades nacionales que trabajan por la defensa de los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo de las naciones, pues existen seis modelos de gestión en esta materia y Ecuador se apresta a escoger uno de ellos, con la aprobación de esta normativa.
Añadió que abordar las discriminaciones en todas las formas, proteger los derechos humanos, promover la educación en la materia y promover las reformas a las leyes que protejan los derechos de las personas, son temas indispensables en la legislación.
Recordó que hay experiencias en Guatemala, Perú y Ecuador, donde la Defensoría ha hecho grandes contribuciones a la defensa de los derechos humanos, por lo que es necesario que se fortalezcan sus atribuciones.
Insistió en que es necesario fortalecer la institucionalidad en la protección de los derechos humanos, pues, dijo, se aprestan a desarrollar un sistema de alerta temprana más eficaz para activar más rápidamente los mecanismos de defensa de los derechos humanos en la frontera norte.
De su lado, María José Troya, de la Tribuna de Consumidores y Usuarios, sugirió que no se derogue el artículo 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, porque se le negaría al ciudadano el derecho de reclamar ante la justicia por el incumplimiento de las entidades públicas y privadas.
EG
