La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió, la tarde del lunes, a expertos de organizaciones no gubernamentales, quienes argumentaron por qué se debería despenalizar el aborto en caso de violación, tal como se propone desde diversos colectivos y organizaciones sociales, en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal.
José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch, a través e videoconferencia, aseguró que la despenalización del aborto en caso de violación permitiría a Ecuador ajustarse a los estándares internacionales, en defensa del derecho de la mujer a la vida y a la salud.
Añadió que al establecer que la persona violentada, en muchos casos niñas y adolescentes, demuestren que fueron víctimas de una violación sexual para que pueda abortar o llenar un registro y, previamente, presentar una denuncia en contra del agresor, serían requisitos que constituirían obstáculos para el ejercicio de un derecho.
El experto de la citada organización internacional se mostró partidario de encontrar un balance y una estrategia que permita que las instituciones del Estado estén en capacidad de amparar a las víctimas de violación y darles la oportunidad de interrumpir el embarazo, si es que eso es lo que decide la niña, adolescente o mujer de cualquier condición de edad.
Adecuar normativa
De su lado, María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, subrayó que la Asamblea Nacional debe adecuar la normativa nacional a lo establecido en instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es signatario. Por consiguiente, reformar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal no sería una concesión legal, sino la aplicación de un articulado vigente a nivel mundial.
Añadió que este es un debate necesario pero, a la vez, tardío, porque si se hubiera reformado la ley desde 2013, no habríamos tenido que lamentar que miles de niñas y adolescentes se hayan convertido en madres de manera forzosa, porque el Estado no es capaz de darle alternativas que les permita continuar con su proyecto de vida después de una violación.
Dolores Miño, también catedrática universitaria, enfatizó que este cambio no es un invento de grupos feministas, ni mucho menos, es acoger los parámetros internacionales que marcan, no solo el reconocimiento del derecho de las niñas y jóvenes a interrumpir un embarazo que ellas no consintieron, sino también la oportunidad para que el Estado garantice una reparación integral para las mujeres violentadas.
EG
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