La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, en diálogo con Wilson Moposita, de Canal UNO, y Jorge Ñacato, de Radio América, resaltó el debate que lleva adelante la Legislatura sobre las alternativas de enmienda o reforma constitucional que limitaría las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Resaltó además el rol de la Asamblea Nacional, que en su labor de abrir esta discusión a la ciudadanía, efectuó un primer foro con catedráticos y constitucionalistas, a fin de buscar la vía más adecuada para revisar las facultades del organismo, al tiempo que anunció que en los próximos días se profundizarán estos diálogos a nivel nacional y se invitará a los miembros electos del nuevo Consejo para que emitan sus opiniones.
Recordó que en el Pleno se abrió el debate sobre una posible reforma parcial a la Constitución, considerando los proyectos presentados por otros sectores parlamentarios. En su opinión cabe una enmienda constitucional. La designación de las autoridades de control debe encargarse a la Asamblea Nacional, como órgano representativo de la ciudadanía y de las instancias políticas del país, lo importante es que haya consenso de las vocerías políticas.
Elizabeth Cabezas precisó que la Constitución de 2008 establece -con claridad- que el Cpccs debía encargarse del combate a la corrupción, la designación transparente de autoridades de control y de promover la efectiva participación ciudadana pero, lamentablemente, no se cumplieron las expectativas generadas en la población.
En otro orden, la Presidenta de la Asamblea, subrayó que existen intereses partidistas por desestabilizar al país. Mencionó que se debe evitar el caos, más ahora que Ecuador camina hacia la firma del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que, en consecuencia, desde el Legislativo se deberá impulsar reformas a varios cuerpos legales que permitan mantener su estabilidad económica.
Cabezas recordó que semanas atrás el colectivo Diabluma presentó una acción protección en contra de los 137 asambleístas, misma que fue desechada porque carecía de bases jurídicas, lo cual evidencia el interés de propiciar acciones desestabilizadoras y de poner en tela de duda y, sobre todo, hostigar a las autoridades de los distintos poderes del Estado, cuando el país requiere que se garantice un adecuado ambiente de gobernanza entre las distintas funciones públicas.
Formuló un llamado para priorizar la agenda legislativa y atender las necesidades ciudadanas respecto al empleo y productividad, rezagadas por temas coyunturales.
JLVN/sv
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