Este martes, 9 de abril, los legisladores avanzaron en el tratamiento del proyecto de resolución para iniciar el trámite de reforma parcial de la Constitución de la República para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), conforme a los artículos 442 y 443 de la norma suprema. Los legisladores, en su mayoría, respaldaron el proyecto que pone en el debate un tema fundamental para la vida institucional del país y para el fortalecimiento de la democracia.
Devolver a la Asamblea la atribución de elegir a las autoridades de control, es el objetivo de la propuesta que inició su análisis el martes 2 de abril, de iniciativa del legislador Héctor Muñoz.
La asambleísta Wilma Andrade es partidaria de la enmienda constitucional para limitar las función nominadora del Consejo de Participación. Para el efecto, plantea la conformación de una comisión especializada de 12 miembros que lleve adelante la convocatoria, el concurso de méritos y oposición (que de alguna forma recoge el espíritu de la participación ciudadana), con veeduría pública y privada. Esta Comisión, estaría integrada por cinco delegados de la academia, cinco de las funciones del Estado y dos de la sociedad civil. Cumplido el proceso de selección, entregaría a la Asamblea una terna de los mejores puntuados para que elija a la respectiva autoridad.
De su lado, René Yandún expresó que la Asamblea Constituyente, la consulta popular, y la enmienda constitucional son vías que determina la Constitución para buscar una salida a la vida institucional del Consejo. Por ello, dijo que fomentar la institucionalidad de la participación ciudadana, reconocida como un derecho, es uno de los objetivos.
Patricio Donoso está de acuerdo con la eliminación del Consejo y la creación de un Comité de Reinstitucionalización con lineamiento absolutamente democrático. Manifestó que se puede llegar a una consulta que elimine un Consejo de Participación, órgano que nunca debió existir.
A la vez, César Rohon hizo público su apoyo a la reforma constitucional y que sea el pueblo ecuatoriano quien decida sobre su futuro. Debatir sobre el CPCCS es fundamental para el futuro y la vida institucional del país", agregó. Mientras, a criterio de Rubén Bustamante, la reforma constitucional sobre Consejo demanda una discusión seria y amplia, con la participación de la ciudadanía, que esté debidamente informada.
Para Cristina Reyes, urgen los cambios en la Constitución, con la voz de todos los sectores. Como ocurre en la mayoría de democracias del mundo, el Parlamento elige a las autoridades de control. Si esta Asamblea decide que vayamos a una reforma parcial, hay que tratar temas importantes, no solamente las atribuciones del CPCCS, aseguró.
En cambio, Guillermo Celi enfatizó que el Consejo dio lugar a la estatización de la participación ciudadana y permitió poner a los amigos de determinado grupo político en los órganos de control.
Criterios opuestos
Uno de los criterios contrarios lo expuso el asambleísta Carlos Viteri. Dijo que el procedimiento establecido para la reforma parcial a la Constitución no puede ser planteado en el caso del Consejo de Participación, porque implica restricción de derechos de participación ciudadana, salvo el caso que se convoque una Asamblea Constituyente.
Ximena Peña recordó que el nacimiento de la Función de Transparencia y el Consejo de Participación fue un clamor ciudadano, pero que en el camino se tergiversó y se evidenciaron deficiencias y falencias en los mecanismos de elección de las autoridades de control.
A través de una resolución no se puede hacer un análisis de una reforma constitucional, aclaró Marcela Aguiñaga, al precisar que se debe ampliar las vías de consulta sobre temas constitucionales.
En estas dos jornadas intervinieron 20 asambleístas. El debate se retomará la próxima semana, según anunció la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla Salcedo, encargada de dirigir la sesión.
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