Autoridades del Ejecutivo y gobiernos locales analizarán proyecto de prevención de microtráfico de drogas

Martes, 09 de abril del 2019 - 16:00 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) acudirán a la Comisión de Gobiernos Autónomos, este miércoles, 10 de abril, a las 09:45. Los funcionarios  darán sus puntos de vista en torno al proyecto de Ley para prevenir y erradicar el microtráfico de drogas.

El presidente de la mesa, Rubén Bustamante, convocó a los asambleístas, a fin de analizar este tema, así como el proyecto de Ley de Orgánica de Vivienda de Interés Social. Para este punto invitó a delegados de la AME, del Colegio de Arquitectos de Pichincha, de la Cámara de la Industria de la Construcción y de la Universidad Tecnológica Equinoccial.

Respecto del proyecto de erradicación del microtráfico de estupefacientes, la semana pasada, la mesa legislativa escuchó a las asambleístas María Mercedes Cuesta, coordinadora del Grupo Parlamentario para la prevención y tratamiento integral del fenómeno de las drogas en el Ecuador; Esther Cuesta, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales; y, Marcela Aguiñaga, titular de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Mercedes Cuesta indicó que el fenómeno de las drogas tiene muchas aristas y se debe trabajar de forma transversal y multisectorial, puesto que es un tema de salud pública, en tanto para Esther Cuesta la lucha contra esta problemática tiene que comenzar desde las escuelas y los hogares, con el involucramiento de los gobiernos autónomos descentralizados.

En cambio, Marcela Aguiñaga enfatizó que el fenómeno de las drogas exige un abordaje, no solo desde la ciencias penales, sino desde una perspectiva social, sicológica, politológica y de ética social.

Proyecto de vivienda

El proyecto de Orgánica de Vivienda de Interés Social tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas a una vivienda adecuada y digna. Establece, además, la obligación de todos los niveles de gobierno de elaborar, implementar y evaluar políticas de acceso a este derecho.

LILA/eg

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