Esta propuesta define a la comunicación como un derecho y no como un servicio público y garantiza el derecho de los ecuatorianos a la libertad de expresión. El informe para primer debate del proyecto de reformas al artículo 5 de la Ley de Comunicación está listo para su aprobación en la Comisión de Derechos Colectivos.
En efecto, luego de las deliberaciones y consultas necesarias, el organismo preparó el informe del proyecto que define a la comunicación como un derecho humano, mas no como un servicio público, a fin de garantizar la democratización de la comunicación.
Para la elaboración del documento, la Comisión revisó las motivaciones constitucionales, jurídicas y sociales, tras lo cual determinó que el proyecto no contraviene disposiciones constitucionales ni legales.
En el estudio se deja constancia que el artículo 16 de la Constitución reconoce que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos y al acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
Mientras, según el artículo 18, todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general.
Justicia indígena
En otro orden, el ámbito de aplicación de la justicia indígena en Ecuador y los mecanismos de coordinación y cooperación con la justicia ordinaria fueron analizados, también, por la Comisión de Derechos Colectivos. Para ello, escuchó al legislador Juan Cárdenas, quien presentó un proyecto de ley en esta materia.
La idea es viabilizar la norma constitucional que faculta a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
Se garantiza, además, que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas, decisiones que estarán sujetas al control de constitucionalidad.
El legislador Cárdenas, tras recordar que la justicia indígena ha estado vigente y es parte de nuestros ancestros, que con el transcurso de los años fue distorsionada, acomodada e irrespetada, pero no eliminada, expresó que tiene como objetivo reponer la armonía de la comunidad dentro de sus miembros.
El presidente de la comisión, Jorge Corozo, expresó que es necesario acudir a la historia para entender la importancia de esta norma y anunció que invitará a actores sociales, étnicos y políticos que den sus aportes al proyecto.
De su lado, César Carrión subrayó que es importante considerar los pronunciamientos que sobre el tema ha emitido la Corte Constitucional.
Por último, Jaime Olivo sugirió revisar las disposiciones de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tiene todo un capítulo referente a la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, de modo que sus disposiciones guarden armonía con el proyecto en discusión.
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