La participación de los gobiernos locales en la lucha contra el microtráfico de drogas es fundamental. Así lo consideran los legisladores de la Comisión de Gobiernos Autónomos, quienes escucharon los criterios de Karín Jaramillo, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. La delegada acudió a la mesa para explicar la posición de estos organismos en cuanto al proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar el Microtráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Para Jaramillo es preocupante que estos gobiernos tengan como función la prevención integral de este problema, porque, entre otras razones, existen personas que requieren atención del Estado y no se les puede dar esa responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Además, ya destinan recursos para la protección de grupos vulnerables.
Sugirió se les atribuya deberes y responsabilidades, bajo el principio de complementariedad y que se proyecte la asignación oportuna de recursos.
El autor de la iniciativa, José Serrano, formuló un llamado a profundizar en el debate, porque el problema requiere ser abordado desde lo local, por lo que los GAD no deben desvincularse del tema, mientras que Javier Cadena pidió no tener una posición cerrada, por la importancia que tienen estos gobiernos para enfrentar este fenómeno, mientras Mónica Alemán indicó que se requieren normas que aterricen en el territorio y que no sean estatistas.
Visión desde lo social
Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Juan Montaño resaltó el objetivo del proyecto que busca establecer políticas públicas para prevenir y erradicar el microtráfico de las drogas. Elogió, también, que la iniciativa articule -de manera adecuada- las diferentes normas, como el Código de Organización Territorial, Código Penal y Ley de Drogas.
Sin embargo, explicó que le preocupan algunas disposiciones como el principio de igualdad y el libre derecho al desarrollo de la personalidad. Explicó que en el proyecto, si bien respeta la diferencia entre microtraficante y consumidor, a estos últimos se les obliga a ingresar en programas de rehabilitación, cuando no se puede imponer a nadie. Sugirió que podrían ser tratados como enfermos, a fin de que puedan recibir una atención integral del sistema de salud.
De otro lado, dijo que una parte de la iniciativa dejaría abierta la posibilidad de que se pueda juzgar al microtraficante dos veces por la misma causa, ya que cuando sean originarios de otros países se les retirará la condición de naturalización. Cuestionó que se prohíba a los ciudadanos consumir a una distancia de un kilómetro de los centros educativos, porque no se puede limitar la movilidad de las personas.
LILA/eg
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