La Comisión de Régimen Económico estructura el informe para primer debate de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los parlamentarios, a través de un taller, socializaron las reformas que se proponen para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.
En esta oportunidad, se abordó la conveniencia de incluir en la normativa como emergencia, la amenaza inminente. Dijeron que, con esta figura, se abriría la posibilidad de la contratación rápida, pero habría que establecer claramente en qué casos se da paso a este forma de contratación especial, que podría ser una situación inminente. Lo óptimo es que no se abuse de esta herramienta y que cuente con los controles respectivos.
No se dejará en la indefensión a los gobiernos autónomos descentralizados, en caso de situaciones de emergencia. Se buscará un texto que permita contratación en situaciones no previstas para el Estado, es decir, que la compra pública no sea inviable, subrayó el presidente de la Comisión, Pabel Muñoz.
También hablaron de la consultoría que realizan las compañías mercantiles cualquiera sea su origen, creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas, que -a cualquier título- se realicen a favor del Estado, siempre que su capital que se asigne esté integrado en el 50 % con participación estatal del costo del respectivo contrato.
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