Si bien ya se presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar, la Comisión de Educación abrió un debate, a fin de recibir mayores aportes y observaciones de la sociedad y de varias instituciones estatales. Precisamente, este jueves escuchó criterios del Servicio de Contratación Pública (Sercop) y del Ministerio de Educación.
La mesa tiene como principal objetivo elevar a política pública, a través de una normativa, el actual Programa de Alimentación Escolar, implementado desde 2016. Además, busca que la economía campesina, familiar, pequeños y micro productores, así como los actores de la economía popular, solidaria y local sean abastecedores de productos y servicios, al momento de los procesos de contratación.
Para este tipo de actores se establecería un 35 %, lo cual no significa limitar la acción de otro tipo de empresas o industrias para ofertar, en igualdad de condiciones. Lo que interesa es que la alimentación escolar esté ligada a la producción local y nacional, que dinamice la actividad agrícola, en el objetivo de garantizar productos sanos y la redistribución de recursos, destacó la legisladora Silvia Salgado, presidenta del organismo parlamentario.
Indica que también se plantea fijar el 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), dentro del rubro de educación asignado en el Presupuesto General del Estado, para el área específica de alimentación escolar.
Silvana Vallejo, directora del Sercop, comentó que la alimentación escolar debe tener una visión integral, desde temas relacionados con la contratación pública, sociales, jurídicos, productivos que están enlazados, así como la dinámica del servicio, en donde se manejan proveedores, entidades contratantes y la entidad rectora, que controla, regula y vigila la transparencia del proceso.
El fin último es garantizar que el servicio que se ofrece al beneficiario, en este caso los niños, sea un producto de calidad. La Ley de Contratación Pública y su reglamento, a más de la Constitución, disponen la preferencia hacia lo que es la compra local, enfocada a pequeños, medianos, micro productores y actores de la economía popular y solidaria, dijo, al precisar que esa prioridad está en el orden del 30 %.
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