Que existen en Ecuador factores de riesgo para que se produzcan desapariciones forzadas, atrocidades masivas y genocidio, fue uno de los argumentos que expuso Yolanda Galarza, del despacho de la asambleísta Soledad Buendía, autora del proyecto de reformas a la Ley de la Defensoría del Pueblo. La parlamentaria plantea que se creen mecanismos de prevención de estos delitos, que los podría coordinar la Defensoría del Pueblo.
El proyecto se analiza en la Comisión de Educación. Su presidenta, Silvia Salgado, explicó que no es para tipificar estos delitos, sino para prevenirlos y que la educación en derechos humanos, mecanismos de paz y sensibilización es u a estrategia gravitante para poder hacer cambios estructurales.
Galarza detalló casos que han sucedido alrededor del mundo y Latinoamérica, como la operación Cóndor, que dejó más de 30 mil víctimas en Argentina y más de siete mil en Chile, además, desparecidos y torturados, por lo que Ecuador no está exento de sufrir estas graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, aseguró que hay ciertos factores que podrían desembocar en estos hechos, entre ellos, tensión en las relaciones entre grupos y escasa capacidad institucional para prevenir estas violaciones.
Indicó que la Defensoría del Pueblo tiene condiciones para generar mecanismos de prevención, porque es la entidad encargada de promocionar y defender los derechos humanos. Además, tiene una relación interinstitucional con todas las instancias del Estado.
Para Galarza, prevenir estos delitos ayuda a preservar la vida humana, evitar traumas psicosociales, contribuir a una cultura de paz, estabilidad nacional e internacional, asimismo, prevenir es menos costoso que reparar. Aclaró que el objetivo del proyecto es asegurar, proteger y promover los derechos humanos.
LILA/eg
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