La Defensoría Pública, de enero a abril de 2019, atendió psicológicamente a 583 víctimas de delitos sexuales, pornografía infantil y prostitución forzada. Asimismo, patrocinó a 412 personas afectadas por estas faltas, así lo explicó Andrea Guerrero, subdirectora de Patrocinio Penal de la Defensoría Pública, quien compareció ante la Comisión Ocasional que atiende temas de la niñez y adolescencia para tratar el Informe del Comité sobre el Acceso a la Justicia de niños víctimas de violencia sexual.
En su intervención, la funcionaria mencionó que la institución registra avances referentes a la atención de niños, niñas y adolescentes. Manifestó que se imparten charlas y capacitaciones, en instituciones educativas, con base en cuatro puntos: informar la problemática y mostrar la vulnerabilidad de estos grupos; conseguir que instituciones relacionadas con los menores se involucren en la prevención de abuso sexual; fomentar el conocimiento de una vida libre de violencia y recalcar la importancia del defensor público en la fase de investigación previa y etapas del proceso penal, con el fin de brindar una defensa técnica cuando una persona no cuente con los recursos necesarios.
Sin embargo, advirtió que hay algunos nudos críticos para cumplir a cabalidad con la atención a los grupos vulnerables uno de ellos, sería la falta de un espacio adecuado para la atención a las víctimas de violencia de género. Apuntó que las cámaras de Gesell no están disponibles a escala nacional. Otra problemática es la falta de estadísticas reales referentes a los delitos sexuales, pornografía infantil y prostitución forzada.
Así también, cuestionó la falta de personal especializado para apoyar a quienes han sufrido abusos. Señaló que por cada juez que lleve un caso se necesitan dos defensores, ya que uno está al servicio del procesado y otro al de la víctima. Sin embargo, por la falta de recurso humano, sucede que uno solo defiende a los dos, es juez y parte, advirtió. Pese a esta escasez de personal, en la Defensoría se habilitó un departamento de psicología y trabajo social para ayudar a las víctimas.
Durante sus intervenciones, los asambleístas de la Comisión coincidieron en la necesidad de que exista un sistema especializado para la atención de niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, y pidieron que este tipo de delitos no prescriban en la justicia ecuatoriana. Al mismo tiempo, solicitaron que los operadores de justicia se sensibilicen con la problemática de los afectados.
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