Los deportista que participen en competencias internacionales deberán tener acompañamiento de la embajada de nuestro país. En el momento que tengan que viajar se deberá notificar a la Cancillería y esta a la embajada correspondiente. Ese es uno de los planteamientos del Grupo Parlamentario por la Inclusión y Masificación del Deporte, en el proyecto de reforma integral a la Ley del Deporte.
El Grupo presentó el proyecto, que fue construido después de un proceso de participación ciudadana, en alrededor de dos años. En los próximos días lo entregarán al Parlamento, a fin de que sea analizado y calificado por el Consejo de Administración Legislativa y remitido a la Comisión respectiva para su tratamiento.
De acuerdo con el coordinador del Grupo, Sebastián Palacios, la propuesta amplía el espectro del deporte y se adentran en la actividad física y la recreación. Explicó que el objetivo es fomentar la práctica cotidiana de estas actividades en toda la población, para mejorar su calidad de vida, mantener el estado de salud, garantizar los derechos de los deportistas, dirigentes y otros actores relacionados con esta práctica.
Entre los derechos de los deportistas, se plantea la obligatoriedad de otorgar permisos para quienes estudien o trabajen durante el periodo de preparación y competencia. En el primer caso puede ser parcial. Además, se propone que instituciones educativas adecuen sus horarios a los deportivos cuando, en razón de competencia oficial, lo requieran. La obligatoriedad de brindarles seguros; los derechos por paternidad, maternidad y lactancia; y la práctica del deporte permanente en la educación superior, son otros de los planteamientos.
El proyecto incluye, como eje transversal, la inclusión de personas con discapacidad y equidad de género e integra conceptos relacionados con los derechos de las personas en movilidad humana, privados de liberad y adultos mayores. Tiene una visión de la educación física adaptada a niños y adolescentes con discapacidad.
Se propone un control presupuestario y técnico en las organizaciones deportivas, que tiene como fin el que estas cumplan con los objetivos que se plantearon, con transparencia.
Respecto de la facultad sancionatoria, se perfecciona su proporcionalidad. Se busca despolitizar el deporte y garantizar una dirigencia eficiente. Para ello, la propuesta legal contempla ciertos conceptos como tener una dirigencia preparada, que tenga experiencia en gestión deportiva, que se establezcan procesos de inducción y capacitación.
También, la norma prevé que un servidor público no pueda ejercer la dirigencia deportiva, para evitar conflicto de intereses y, en el caso que quiera acceder a un cargo de elección popular, debe renunciar a su representación.
LILA/eg
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