Con una carpeta amarilla, de cartón; sentado en un extremo en la mesa de reuniones de los asambleístas esperaba, Juan Coba, representante de la Urbanización Turubamba de Monjas, en Quito. La Comisión de Gobiernos Autónomos lo recibía a las 15:00 de este 8 de mayo, para que exponga sus inquietudes. Instalada la sesión, nombró algunas y pidió ayuda.
Hace 27 años se creó esta urbanización municipal, de 946 lotes, en superficies de 75 y 112 metros cuadrados. El principal problema que tienen, según Coba, es que no pueden realizar créditos hipotecarios, ni otros trámites, como separación de bienes, porque tienen prohibición de enajenar.
“Compramos nuestra propiedad, con el fin de tener todos los derechos que nos corresponden, pero el Municipio de Quito no nos da apertura. Desde 2013 estamos tramitando el levantamiento de esta prohibición y no tenemos respuestas. Nadie asume esta responsabilidad”, explicó.
Aprovechando que la mesa tramita las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial y el proyecto de Vivienda de Interés Social, pidió que se establezca claridad en la normativa para que, frente a estos problemas, el ciudadano pueda solucionar los inconvenientes, a la brevedad posible.
Otro de los planteamientos es que no se permita la construcción de obras que contaminen el ambiente y atentan contra la salud de los pobladores en áreas urbanas. Relató que su vecindario convive junto con el Camal Metropolitano. Además, que se provean mecanismos para garantizar áreas verdes, canchas deportivas y áreas comunitarias. “Necesitamos normas claras que nos amparen”, resaltó.
Concluida su participación, la Comisión anticipó que analizará el caso y tomará una resolución.
Problemática de Esmeraldas
“La preocupación que nos trae al seno de la casa del pueblo es que hemos sido marginados del servicio de agua potable”. Esa fue la denuncia de Elías Yánez, presidente de la Unión de Barrios de la Ribera del Río Esmeraldas, quien acudió al organismo legislativo. “Estamos aquí con el ánimo de que hagan justicia. No puede ser que en el Siglo XXI vivamos sin el líquido vital”, dijo.
Explicó que son casi 38 mil habitantes perjudicados, de un total de 36 barrios, ubicados en la zona. Las leyes deben crearse para hacer cumplir los derechos ciudadanos, subrayó.
LILA/eg
