La Comisión Ocasional de la Niñez escuchó a representantes de la Fiscalía, quienes explicaron la gestión realizada por la institución en los casos de delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La exposición dejó inquietudes en legisladores, familiares y víctimas de estos delitos, quienes formularon preguntas, que deberán ser aclaradas el próximo martes, 14 de mayo, por la Fiscal, Diana Salazar.
Les preocupó la prescripción de los delitos, el tiempo que tarda la Fiscalía en la investigación y las apelaciones que se presentan. “Nuestros hijos no son estadísticas, son seres humanos que necesitan el respaldo del Estado”, comentó Patricia Espín del caso Cebi, Ambato. Contó que el delito de su familiar prescribió. Le explicaron que fue por negligencia de la fiscalía y de un juez. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese tipo de operadores de justicia?, preguntó, tras pedir que se los capacite y que sean empáticos con las víctimas.
En esta ocasión, no acudió la Fiscal General. Para la próxima semana, los legisladores pidieron que esté presente. Su delegada, Ximena Coello, explicó lo que pasó con los casos denunciados por la desaparecida Comisión Aampetra. Precisamente, la mesa ocasional de la Niñez realiza un seguimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión que duró un año.
Coello dijo que los tipos penales denunciados son el 51,59 % por abuso sexual; 21,25 % por violación; 8,9 % por acoso sexual; y, 6,7 % otros.
En el caso Aampetra por violación, en el que se registran 42 víctimas, dijo que existe sentencia condenatoria ejecutoriada, ratificada por la Corte Constitucional; mientras en los casos de abuso sexual, con 42 víctimas, el procesado presentó un recurso de casación, frente a la condena de 22 años de cárcel: esperan el día y hora de audiencia en la Corte Nacional. Lo mismo sucedió con el caso Aguirre Abad, cuyo acusado presentó una apelación, que está en proceso, a las sentencias por abuso sexual, 29 años de cárcel, y tortura, 7 años.
Según la información de la funcionaria, también se ratificó la sentencia, a 22 años de privación de libertad, por abuso sexual en el caso El Principito; la sentencia, a 4 años, por abuso sexual en el caso Emanuel; y, se encuentra con sentencia el caso Cebi, por abuso sexual.
En cambio, el caso de Carolina, por violación y muerte, registrado en el Comité del Pueblo-Quito, en agosto de 2018, se encuentra en instrucción fiscal, que se cierra el próximo 17 de junio. Mientras, en investigación previa, desde septiembre de 2017, se encuentra el caso Intriago, por tortura y el caso Cordero, desde junio de 2018, por violación. Se determinó la prescripción de la acción en el caso Cebi, por estupro. El caso del Ballet Nacional se encuentra en auto sobreseimiento (suspensión del proceso).
La delegada de la Fiscalía se refirió, también, a algunos protocolos y acciones realizadas para mejorar la atención de estos casos, pues, dijo, para esta institución y la actual administración, los niños, niñas y adolescentes son una prioridad.
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