Después de una amplia discusión, la Comisión Ocasional de la Niñez empezará a elaborar el informe para primer debate del Libro I de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, referente a los derechos. Ese mecanismo implementará para los cinco Libros que contiene este cuerpo legal. Según la presidenta de la mesa, Encarnación Duchi, el informe final compilado estaría listo entre agosto y septiembre de este año.
La Comisión escuchó la propuesta del asambleísta Franklin Samaniego, sobre el Libro I. De la misma, 22 artículos fueron incorporados y 18 fusionados con los que analizó el órgano parlamentario. Uno de los temas que se incluyeron tienen que ver con la reserva legal del Código. Esto implica que todos los temas referentes a normas que afecten a los niños y adolescentes no sean debatidos en normas separadas, sino que sean parte del Código.
También se acogió el planteamiento de ampliar los derechos de salud y educación, es decir que el Estado tenga la obligación de proporcionar esos derechos, no solo hasta el décimo año de educación básica, sino hasta el bachillerato. Además, que garantice el cumplimiento de la política pública y que el presupuesto para estos sectores sociales sea progresivo.
Otro de los temas acogidos por la Comisión se refiere a la obligatoriedad de tener en cuenta la normativa internacional para evitar maltratos crueles contra niños y adolescentes, es decir que, por el contrario, se lo haga con disciplina positiva. Asimismo, que se trate a la primera infancia, durante los primeros mil días de vida, porque es una etapa que marca el futuro de los niños.
Después de escuchar las propuestas de Samaniego, la Comisión analizó temas relacionados con las garantías de derechos, como que todas las instituciones y órganos del Estado deben asegurar, proteger y garantizar los derechos para estos grupos poblacionales, así como los procedimientos adecuados para que accedan oportunamente a la tutela administrativa y judicial.
Según las reformas, también se exige al Estado, la sociedad y la familia la garantía de la protección integral y la restitución de derechos, cuando sean amenazados o vulnerados. Además, exige a los distintos niveles de gobierno procedimientos adecuados y oportunos para asignar recursos.
LILA/eg
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