Este martes 28 de mayo, el Pleno de la Asamblea retomó -por tercera ocasión- el segundo debate del Código Orgánico de Salud. Su análisis se ha caracterizado por la amplia participación ciudadana, a través de las voces de actores involucrados. Resaltan un modelo de gestión moderno y articulado.
Ha recibido en comisión general a más de una veintena de representantes de instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y sociedad civil. En esta ocasión, escuchó a los representantes de la Agrupación Nacional de Familias Pro Cannabis Medicinal; y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, defendió, no solo los derechos de los profesionales de la salud, y sus carreras, sino de la población, que se recoge en el Código. Destacó que -por primera vez- los galenos y los profesionales de la salud fueron tomados en cuenta en su construcción para garantizar a la población atención de calidad. Refleja un histórico proceso de diálogo, con una garantía de derechos, tanto para médicos, cuanto para pacientes, agregó.
Cecilia Falconí, directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Salud, Conasa, respaldó la decisión de incluir mecanismos de regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos en el Código para tratar problemas de salud y mejorar la calidad de vida, por encima de intereses de negocio.
De su lado, Alexis Ponce, activista de derechos humanos, de la Agrupación Nacional de Familias Pro Cannabis Medicinal, sugiere garantizar el uso del esta sustancia con fines medicinales, terapéuticos y paliativos para pacientes de enfermedades raras y catastróficas. Consideró que el dolor debe trascender para tender puentes de apoyo.
César Paz y Miño, investigador en genética, tras un recuento de los estudios e investigaciones en esta materia, subrayó la necesidad de un mayor acceso a la información estadística. Explicó que a través de la genética médica y genómica se puede diagnosticar enfermedades raras, diferentes tipos de cáncer, afecciones cardiacas, rendimiento deportivo, mediante técnicas muy avanzadas.
Mario Vergara, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unfpa-Ecuador, recalcó que es necesario garantizar el derecho a la salud, vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos. Informó que, en Ecuador, el 15.6 % de muertes maternas se debe a abortos en condiciones de riesgo. Por ello, el Código de Salud debe garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la información, la atención integral y la prevención de la violencia hacia las mujeres.
Modelo de gestión
Luego de las comisiones generales, los legisladores continuaron con el debate y formularon observaciones. Ángel Gende sugirió se contemple la medicina ancestral de pueblos y nacionalidades, en su caso, la medicina Tsáchila. Dijo que su comunidad tiene 284 plantas que no han sido investigadas científicamente, pero que tienen propiedades medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades.
“Tenemos la oportunidad histórica de crear un Código de Salud que responda a las necesidades de la población, para ello hay que considerar un cambio en el modelo de gestión”, destacó Rubén Bustamante, al sostener que en el análisis del Código lidiaron con problemas de saturación, falta de profesionales y de recursos.
De igual forma, Doris Soliz afirmó que el Código da un tratamiento adecuado a la temática relacionada con la salud pública y consolida el sistema nacional, articulando el sector público y privado. Sugirió se enfatice en la prevención del cáncer en la mujer.
Nancy Guamba recordó que el proyecto de Código de Salud es el resultado de seis años de trabajo, con la participación de la ciudadanía, a la vez que exhorta a las autoridades a dotar del presupuesto para este sector.
Mientras, Esteban Torres indicó que la norma es importante para el Ecuador, porque regula lo público y lo privado, a la vez que viabiliza la generación de políticas públicas. Temas como el cannabis medicinal y la interrupción del embarazo deben guardar relación con el Código Integral Penal (COIP). Además, dijo, es necesario considerar nuevos mecanismos para la conformación y actualización de la lista de medicamentos, incluyendo aquellos requeridos para el tratamiento de enfermedades catastróficas.
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