Miembros de la sociedad civil, madres de familia y jóvenes víctimas de abuso sexual, acudieron a la Comisión Ocasional que trata temas de la Niñez y Adolescencia. El objetivo fue pedir explicaciones a la fiscal General, Diana Salazar, sobre el accionar de la institución en los casos Aampetra, Mushuk Pakari, Aguirre Abad, El Principito, Emmanuel, Carolina Andrango, ocurridos en Quito; el caso CEBI de Ambato, el caso CEBI de Guayaquil, entre otros.
Los comparecientes coincidieron que la justicia no es ágil a la hora de resolver estos procesos. Cristina Torres, representante de la Coalición contra el Abuso Sexual Infantil en Ecuador, sostuvo que las trabas en la Fiscalía se inician desde que se presenta la denuncia, pues no existe personal especializado y, además, hay revictimización. También, dijo que si una acusación se hace en enero, la valoración psicológica se la realiza luego de tres o cuatro meses. Recalcó que de cada 10 denuncias, una o dos llegan a juicio.
Efigenia Witt, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes comentó que no se consideraron las recomendaciones del informe Aampetra. Destacó que de las denuncias realizadas en el sistema educativo, el 84% quedan en la impunidad y, de esa cifra, el 54% no llega a instrucción fiscal. Asimismo, afirmó que las unidades especializadas son insuficientes para atender a las víctimas.
“Mi hija tiene 22 años y todavía no puede continuar con su proyecto de vida, hasta el momento no hay voluntad de los operadores de justicia por resolver el caso, por eso pido que se siente un precedente para que los fiscales y jueces responsables sean destituidos”, declaró Patricia Espín, madre de familia.
Respuesta de la Fiscalía
La fiscal General, Diana Salazar, mencionó que desde que se presenta la denuncia es necesaria la colaboración de la víctima, puesto que estos casos no dejan testigos. “La única prueba con la que cuenta la Fiscalía, necesariamente, será la participación del afectado para que nos permita recabar los elementos probatorios”, señaló.
Al mismo tiempo, comentó que la institución que dirige cuenta con 90 fiscales especializados, 85 unidades especializadas a escala nacional. Asimismo, trabaja en la capacitación y concienciación de aquellos fiscales -en las provincias donde no existen unidades especializadas- para que atiendan este tipo de casos.
Agregó, que la Fiscalía actualmente cuenta con 50 Unidades de Atención en Peritaje Integral (UAPI), 80 médicos legistas, 75 psicólogos, 56 trabajadores sociales y 11 cámaras de Gesell.
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