En lo que va del año 2019, 16 personas privadas de la libertad (PPL) han fallecido como consecuencia de graves enfrentamientos entre bandas delicuenciales.
En este contexto, los parlamentarios Lourdes Cuesta, Elio Peña y Viviana Bonilla, miembros de la Comisión de Justicia, consideraron que la problemática merece una respuesta urgente e integral, con la participación de las funciones del Estado y la sociedad, tras enfatizar que la ministra del Interior, María Paula Romo, tiene que ser convocada a la Asamblea para que presente una información específica al respecto.
Para Viviana Bonilla Salcedo, representante de Guayas, es fundamental analizar la situación de hacinamiento, porque existe un número de guías inferior al realmente indispensable; cuál es el sueldo de este personal -que gana la misma cantidad desde hace 15 años-, en qué medida afectó la eliminación del Ministerio de Justicia, son algunas interrogantes en este tema. Más allá del estado de excepción, se debe conformar una mesa de acción inmediata y, lo que es más, se requiere decisión política firme del Gobierno para enfrentar este conflicto, añadió.
A criterio de Lourdes Cuesta Orellana, de Azuay, los hechos de violencia son gravísimos, espantosos, inhumanos, que rayan en un anarquismo brutal. En medio de la declaratoria de excepción se han cometido atroces crímenes y los ministros del Interior y de Defensa responden que los elementos policiales y militares controlan la primera entrada y están en el perímetro de los centros, respectivamente, sin asumir las debidas responsabilidades, increpó.
Es más, los guardias apenas están dotados de gas pimienta, precisó, al subrayar que es inexplicable que los privados de la libertad filmen los crímenes atroces con celulares, equipos que son prohibidos de utilizar en dichos sitios, además se habla de drogas y armas, alertó.
Mientras, Elio Peña Ontaneda, de Zamora Chinchipe, es partidario que las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial sumen esfuerzos para definir una salida inmediata al tema, que pone en riesgo la seguridad de la población ecuatoriana y los derechos humanos de los PPL. También dijo que es hora de definir una política efectiva y práctica de rehabilitación social.
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