Este miércoles, a partir de las 15:00, la Comisión de Derechos Colectivos citó a los ministros de Energía, Minas y Recursos no Renovables, Carlos Pérez; al Secretario de Derechos Humanos, Marlon Brito; Secretario del Agua, Humberto Cholango y a la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, encargada, María Paula Romo, para analizar el contenido del decreto ejecutivo 751 que establece la nueva delimitación de la zona intangible Tagaeri-Taromenane, que se ubica en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, del cantón Aguarico; Inés Arango, cantón Orellana, provincia de Orellana, y parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza.
Los funcionarios, además, informarán las medidas que se han tomado para no vulnerar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.
Historia
Como se recuerda, en 1999 se creó, bajo decreto ejecutivo No. 2187, la Zona Intangible (ZI) dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY) como medida de protección ambiental y de los pueblos que habitan en la zona del Yasuní. El marco ambiental regulatorio sobre áreas protegidas prohíbe toda actividad extractiva exhaustiva dentro de éstas.
En el 2007, a través de un nuevo decreto se estableció una franja de 10 kilómetros alrededor, para evitar el desarrollo de actividades que pongan en riesgo la integridad de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.
Dicho Decreto establece que en el área de amortiguamiento no puede desarrollarse infraestructura petrolera y que la explotación solo podría hacerse de manera direccional, es decir, perforando de manera horizontal desde fuera de esa franja, por debajo del suelo, sin causar daños en la superficie.
Desde el 2013, la Asamblea Nacional, tiene la obligación de monitorear este proyecto, entregar informes sobre el estado de la situación dentro del parque, pues cuando en 2014 otorgó el permiso de explotación, se comprometió a hacer inspecciones cada 6 meses.
En febrero de 2018, el Gobierno llevó a cabo una consulta popular. En la pregunta 7 se expresaba la posibilidad de avanzar en la protección de los pueblos indígenas aislados, quienes se mueven por toda la región del Yasuní.
El 21 de mayo de 2019, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 751 que, por un lado dispone la ampliación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane en 60,450 hectáreas y, por otro, abre la posibilidad de construir "plataformas y producción de hidrocarburos" en las alrededor de 400,000 hectáreas del área de amortiguamiento, donde antes estaban prohibidas.
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