El Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos, que coordina la asambleísta Doris Soliz, analiza alternativas que contribuyan a la solución de la crisis penitenciaria que afronta el país, la cual no ha podido ser controlada pese a la declaratoria de estado de emergencia por parte del Gobierno Nacional.
Con este objetivo, el organismo recibió la exposición de la asambleísta Marcela Holguín, quien se refirió a los hechos de violencia que se han dado desde enero del presente año en los centros de rehabilitación social con, al menos, una treintena de víctimas, entre personas privadas de libertad (PPL) fallecidas y heridas, hecho que sobrepasa la capacidad de quienes ejercen el control en las cárceles del país.
A su criterio, la crisis responde a problemas estructurales y a un abuso de la prisión preventiva, como medida cautelar que, de acuerdo con la Ley, es el último recurso al que deben acudir los jueces, así como a la evidente falta de guías penitenciarios, con un déficit de 63 % de personal, ya que tenemos un guía por cada 27 PPL, cuando la media de América Latina es un guía por cada 10 PPL. A esto se suma la falta de armas e insumos necesarios para garantizar la seguridad de dichos centros, así como una atención deficiente a las necesidades de los internos.
Por ello, dijo, es necesario que Ernesto Pazmiño, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador y el actual funcionario respondan sobre lo que se ha hecho y lo que se prevé ejecutar para que el estado de emergencia del sistema penitenciario arroje los resultados que espera la ciudadanía que hoy se siente en estado de indefensión.
Mientras, Cristhian Bahamonde, delegado del Defensor del Pueblo, explicó que existen múltiples problemas en el sistema de rehabilitación social, entre ellos el hacinamiento, que supera el 40 % de la capacidad instalada del país, solo en el caso de los centros de privación de libertad más antiguos, puesto que en el caso de los centros regionales de Guayas, Cotopaxi y Azuay este índice es menor. Sugirió que la Asamblea revise las normativas penal y de rehabilitación social.
A la vez, reclamó mayor compromiso del órgano que establece la política pública de rehabilitación social, de la cual la Defensoría del Pueblo es parte, que no se ha reunido desde 2018, pese a la insistencia de esta entidad.
Explicó que la Defensoría ha efectuado 180 visitas a los centros de rehabilitación social, incluidos los de adolescentes infractores y casas de acogida, que presentan problemas recurrentes como: insuficiente personal administrativo y de seguridad, falta de infraestructura, problemas de manipulación de alimentos, vulneración de derechos de las personas privadas de libertad, entre otros.
Entre los factores que incidieron en el hacinamiento, Bahamonde citó el incremento de penas en el Código Orgánico Integral Penal, antes la pena máxima era de 16 años y con la aplicación del 2 x 1 se cumplía un máximo de ocho años, ahora, con penas de hasta 35 años la situación es más compleja. Además, hay un 34 % de la población carcelaria que no tiene sentencia.
Doris Soliz, tras agradecer los aportes de la asambleísta Marcela Holguín y del delegado de la Defensoría del Pueblo, subrayó que el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos tiene como objetivo contribuir a la búsqueda de las soluciones más viables a la crisis que afronta el sistema de rehabilitación social del Ecuador.
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