Las denuncias de supuestas ventas de cupos para el ingreso a las universidades tuvo eco en la Asamblea. Por unanimidad de los 89 legisladores presentes, el Pleno aprobó una resolución para que las autoridades que tienen relación con este tema informen estas novedades, las medidas tomadas por la seguridad de los sistemas informáticos utilizados en el examen Ser Bachiller y los mecanismos de control aplicados.
Según el proyecto, serán llamados a la Comisión de Educación los titulares del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Las autoridades de esta última institución también deberán explicar el estado de ejecución de los recursos destinados para las nivelaciones general y de carrera, así como las asignaciones dispuestas para la formación técnica y tecnológica públicas.
Para receptar estas comparecencias y presentar un informe, que contenga conclusiones y recomendaciones, la Comisión de Educación cuenta con 30 días, desde la emisión del proyecto de Resolución.
Durante la presentación y debate del mismo, los asambleístas evidenciaron algunos problemas para el ingreso de los estudiantes al sistema educativo superior. Juan Pablo Velín y Dallyana Passailaigue indicaron que la oferta es mayor que la demanda. El gobierno debe presentar soluciones para elevar los cupos, posibilidad que quedó abierta cuando, con las reformas a la Ley de Educación Superior, que les devolvió autonomía y permitió que los recursos que generen se queden en las universidades, agregó la representante del Guayas.
En cambio, Velín sostuvo que existe deficiencia en los programas de educación pública, frente a los de la privada, así como problemas de inequidad y exclusión para las provincias que no son centrales. Demandó que se creen las universidades en la Amazonía, tal como lo determinó la Ley Amazónica.
De acuerdo con la proponente de la Resolución, Lira Villalva, estas irregularidades provocan sin sabor e ira, al ver cómo los esfuerzos de los estudiantes que anhelan pasar las pruebas ven desvanecidos sus sueños frente al fantasma de la corrupción. No puede ser posible que la respuesta de las autoridades sea que el sistema es perfecto e inviolable, manifestó.
Para Fredy Alarcón el problema no es solo en el sistema educativo, sino también en otros como la Red Socioempleo y el Sistema de Contratación Pública, que han servido para direccionar los contratos y beneficios a los amigos y familiares. Es lamentable que se estén coartadas las aspiraciones de miles de estudiantes, a quienes les estarían pidiendo grandes cantidades de dinero para obtener un cupo. Que la Asamblea pida a la Fiscalía se investigue este hecho, agregó.
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