Una poderosa herramienta, eso es lo que la Asamblea pretende entregar al país para evitar que personas que han cometido delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes puedan trabajar en actividades que tengan relación directa con estos grupos sociales. Dio un importante paso: tramitó el primer debate del proyecto de Ley que busca crear un Registro Nacional dirigido a este tipo de personas.
“Este es un proyecto que Ecuador demanda” dijo Karla Chávez. “La Asamblea está obligada a dar respuestas a esta problemática”, coincidían Franklin Samaniego y Wilma Andrade, mientras Magda Zambrano aseguraba que “esta es una normativa indispensable y urgente”.
En el debate, la mayoría de parlamentarios confluyó en el criterio expuesto por la ponente y autora de la iniciativa, Lourdes Cuesta. Este planteamiento va en el sentido que el proyecto será una herramienta para evitar la reincidencia del delito y prevenir que más casos de abuso sexual se comentan.
Pero avanzaron más. Silvia Salgado compartió la idea que los mecanismos sirvan, no solo para la prevención, sino también para la reparación de derechos. Samaniego, en cambio, planteó que se cambie el nombre a Registro de Delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva para que no se limiten los tipos penales. Brenda Flor pidió que se analicen, no solo los casos de violencia sexual, sino la física. Por su parte, Dallyana Passailaigue dijo que el Registro es necesario, pero no suficiente, pues es importante complementar con otras medidas.
Los parlamentarios, también, aclararon algunas dudas. Esteban Torres indicó que el Registro no impide el derecho al trabajo, puesto que lo pueden hacer, pero no de forma cercana a los niños, niñas y adolescentes. Además, aseguró que en el ámbito constitucional se protege el derecho de la niñez.
En consecuencia, la propuesta tuvo el respaldo de quienes intervinieron en el debate, en donde se reiteraron las cifras que había develado la desaparecida Comisión Aampetra, entre otros, para evidenciar la necesidad de aprobar este tipo de herramientas.
Según el Ministerio de Inclusión, explicó Cuesta, en 2010, uno de cada cinco niños y niñas sufrió algún tipo de abuso; uno de cada diez de niños mayores de 15 años había sufrido abuso sexual en su infancia, mientras que entre el 2014 y 2019 se presentaron 7.700 denuncias de abuso sexual en el sistema educativo. Pero, hay casos que no son visibles, añadió, Andrade, pues solo el 15% denuncia estos casos. Otros, en cambio, no tienen sentencia, señaló, Franklin Samaniego, quien indicó que de las 7.700 denuncias en el sistema educativo, un poco más de 5.000 tienen sentencia.
Uno de los temas que crearon preocupación en Silvia Salgado y Patricio Donoso fue el hecho que la mayoría de abusos sexuales se produce en el ámbito familiar, ¿qué vamos a hacer con ellos? se preguntó Salgado. Todas las observaciones las tendrá que analizar la Comisión de Justicia, cuando el proyecto regrese para continuar con su tratamiento.
LILA/ea
