Biodiversidad pedirá se deje insubsistente el decreto ejecutivo 751 que permite explotación petrolera en zona de amortiguamiento

Miércoles, 10 de julio del 2019 - 14:15 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Biodiversidad avanza con el proceso de fiscalización a la aplicación del decreto ejecutivo 751 con el cual se amplía la zona de explotación petrolera en el territorio de los Tagaeri y Taromenane, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. En esta reunión de trabajo, el ministro de Ambiente, Marcelo Mata, reconoció que es inconstitucional el segundo inciso del artículo 3 del mencionado decreto.

En este marco, indicó que enviará una carta al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, para solicitar su eliminación, en razón de respetar la decisión del pueblo en las urnas de febrero de 2018, que determina la protección del Yasuní y respetar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.

Esta decisión tomó el funcionario de Estado, ante los cuestionamientos formulados por los miembros de la Comisión de Biodiversidad, quienes demostraron que se está violentando la Declaratoria de Interés Nacional aprobada por la Asamblea Nacional, la norma constitucional y la decisión del pueblo en las urnas. Además, recordaron que según la Constitución, el Ejecutivo debía enviar el pedido de ampliación de explotación petrolera en la zona intangible y de amortiguamiento del Yasuní al Parlamento que es el órgano que puede decidir este particular.

Los parlamentarios mencionaron que pedirán que se deje insubsistente el decreto ejecutivo 751, en razón de defender los derechos de la zona del Parque Nacional Yasuní y de los pueblos en aislamiento voluntario. Así mismo, recorrerán la zona intervenida para verificar el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional.

La decisión de la Comisión fue bien acogida por los sectores organizados que defienden los derechos de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades, así como de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Los derechos humanos y de la naturaleza están por encima del interés gubernamental, precisaron.

En la comisión intervino Mario Ruales, asesor jurídico del ministerio de Ambiente. Explicó que los pueblos en aislamiento voluntario es un tema de Estado, por lo tanto, las decisiones políticas para protegerlos involucran a las funciones: Ejecutiva, Legislativa, Jurisdiccional y de Transparencia. 

Precisó que la aplicación del decreto 751 incluye una zona de ampliación petrolera con más de 400 mil hectáreas hacia el noroccidente del Yasuní, pero, para afianzar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario se estableció dos políticas: hacer un ajuste y recorte de explotación en  los bloques petroleros 31 y 43 para que coincida con la delimitación de la zona intangible, es decir, fortalecer las medidas de protección de pueblos y nacionalidades. Por otro lado, se adopta un Protocolo de Conducta que permite acciones coordinadas institucionales frente a la situación de vulnerabilidad y contacto de pueblos en aislamiento, añadió.

El recorte de explotación petrolera en los bloques 31 y 43 da respuesta al pedido ciudadano de delimitar de mejor manera el área de explotación del crudo. Reiteró que en todo momento, el proceso estuvo acompañado del Protocolo de Conducta que perfecciona los instrumentos institucionales para actuar en condiciones de alerta o emergencia por posibles contactos con pueblos en aislamiento, aseguró Mario Ruales.

En cambio, el ministro de Recursos Naturales no Renovables Carlos Pérez, mencionó que en ningún momento el Gobierno Nacional pretendió realizar actividades de explotación petrolera en la zona de amortiguamiento, más bien se amplió el área de protección en más de 600 mil hectáreas. A su criterio, el decreto 751 no vulnera la Declaratoria de Interés Nacional. Precisó que esta cartera pidió la licencia ambiental para explotación en las plataformas A y B que están fuera de la zona de amortiguamiento, añadió.

El pronunciamiento del funcionario de Estado fue refutado por los asambleístas, razón por la cual señalaron que, en su capacidad fiscalizadora, pedirán se deje insubsistente todo el decreto ejecutivo 751, porque los artículos del mismo están relacionados a permitir operaciones petroleras en la zona de amortiguamiento.

De inmediato, habló del bloque 21 donde se dio un derrame de petróleo. Dijo que la Cartera de Estado realizó las acciones inmediatas para proteger a la población de los alrededores, proveerlos de agua y se procedió a bloquear el derrame para evitar la contaminación de los ríos. Actualmente se monitorea el sector para proceder a la remediación ambiental. Se ejecutaron todos los protocolos, precisó.

Respecto de la construcción de la Central Hidroeléctrica Piatúa, indicó que el Ministerio de Ambiente otorgó las licencias respectivas para que una empresa privada inicie los procesos. Conoce que la Cartera de Ambiente realiza las inspecciones y si se incumple los requerimientos de la licencia, está en capacidad de suspender su construcción.

JLVN/ea

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