Los once asambleístas presentes en la Comisión del Derecho a la Salud, aprobaron el informe para primer debate del proyecto de Ley que Reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Mediante este instrumento se pretende reducir las brechas detectadas entre la aplicación de la legislación vigente en materia de inclusión social y la norma aprobada para personas con discapacidad, es decir, les va a dar mejores posibilidades y condiciones de vida.
Fusiona diferentes proyectos reformatorios a la Ley Orgánica de Discapacidades que fortalecen los principios y mecanismos para la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Según el documento, las personas tendrán derecho a la recalificación de su discapacidad, previa solicitud debidamente fundamentada. Ésta podrá ser solicitada de manera voluntaria en cualquier momento por la persona interesada o por su representante legal.
Se prohíbe exigir la recalificación de la discapacidad, excepto cuando el documento se encuentre caducado. En ningún caso el plazo de caducidad será menor a 10 años. Las personas con discapacidad tendrán derecho a una atención prioritaria y especializada en salud sexual y en salud reproductiva. El Estado facilitará la información necesaria, en un lenguaje adecuado, de acuerdo con el tipo y grado de discapacidad que les permita tomar, a ellos o a quien tenga su representación legal, decisiones libres e informadas respecto a la salud sexual y salud reproductiva.
Asimismo, a través de los organismos pertinentes emitirá las normas para garantizar este derecho, que incluirá los mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en contra de las personas con discapacidad.
La asambleísta Patricia Enríquez explicó que la Autoridad Sanitaria Nacional dictará la normativa que permita implementar programas de acompañamiento y soporte psicológico para personas con discapacidad así como a sus familiares, direccionados a una mejor comprensión del manejo integral de la discapacidad. Así como a los programas de capacitación periódica y de atención integral de salud para las personas que cuidan a personas con discapacidad, los que podrán ser ejecutados por la misma o por organismos especializados públicos y privados.
También que la Autoridad Nacional encargada de las telecomunicaciones dictará las normas y regulará la implementación de herramientas humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de comunicación audiovisual para que las personas con discapacidad intelectual, auditiva y otras, ejerzan su derecho de acceso a la información.
Por último dijo que dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete de lenguaje de señas ecuatoriana y la opción de subtitulado en los contenidos de programas educativos, noticias, campañas electorales y cultura general.
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