Con la lectura del informe, el Pleno inició el tratamiento, en primer debate, del proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar el Microtráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. En los próximos días escucharán las explicaciones del asambleísta ponente, cuya responsabilidad es exponer el contenido del documento, sobre el cual los parlamentarios debatirán.
De acuerdo con la lectura, el proyecto contiene dos enfoques: la prevención y erradicación del microtráfico de drogas. Para lograr la primera meta se proponen acciones desde el ámbito educativo y una entre los diferentes niveles de gobierno
Con el proyecto se define, de forma pormenorizada, el rol que deben cumplir los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Propone que, en el marco de la política nacional, implementen programas destinados a la prevención integral, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. Para ello, deberán asignar recursos de su presupuesto.
Los GAD también deberán adoptar regulaciones para prevenir, controlar e impedir el consumo de drogas en el espacio público e impulsar la creación y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio de prevención de adicciones. Asimismo, generarán mecanismos de coordinación con la sociedad civil para implementar las políticas públicas que se dicten sobre estos temas.
En el sistema educativo se desarrollarán políticas y programas que se encaminen a la formación de conciencia social y personalidad individual, para prevenir el uso y consumo de drogas. Además, en las mallas curriculares se incluirá de manera progresiva, la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de estas sustancias y estrategias de prevención integral.
Según el proyecto, la Autoridad Educativa Nacional promoverá y controlará que las instituciones educativas organicen y ejecuten actividades extracurriculares que fomenten el adecuado uso del tiempo libre, mediante prácticas culturales, deportivas, recreativas y pedagógicas.
También, propone que la Autoridad Nacional en materia de Seguridad, en coordinación con la Autoridad Educativa Nacional, desarrolle actividades de monitoreo y vigilancia en los exteriores de los centros educativos, públicos y privados, a fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes.
Se plantea la creación del Fondo Nacional Concursable para la prevención integral de esta problemática, que estará conformado por el 20 % de los recursos obtenidos por la venta de los bienes incautados por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Así mismo, reforma la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en lo relativo a las causales de improcedencia de la naturalización de personas extranjeras, cuando han cometido graves delitos.
LILA/ea
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