Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana se incorporará como insumo en reformas al Código Penal

Jueves, 18 de julio del 2019 - 14:11 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

En la continuación de la sesión 593, el Pleno retomó el tratamiento del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. La Asamblea resolvió que la propuesta se incorpore como insumo en el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip), que construye la Comisión de Justicia. 

La respectiva moción la presentó el asambleísta Henry Cucalón y contó con el voto unánime de 89 parlamentarios.

Recordó que la iniciativa corresponde al Concejo Municipal de Guayaquil, al enfatizar que busca endurecer las penas para sancionar delitos atroces como secuestro, violación, asesinatos, que se cometen especialmente contra grupos vulnerables (mujeres y menores de edad), así como delitos contra la administración pública.

Enfatizó que es fundamental precautelar la vida e integridad de los ciudadanos ante la grave problemática social de inseguridad que se vive en todos los rincones del país, defendiendo, así, el interés de las víctimas y no de los victimarios, a fin de que la población recobre la tranquilidad.

Acuerdo nacional

En el debate intervinieron 14 legisladores, quienes coincidieron en que el tema de inseguridad merece un tratamiento y respuesta integral, en cuyo análisis y soluciones participen las funciones del Estado y la sociedad en su conjunto, dado que ha causado grave conmoción, más aún luego del asesinato de autoridades de elección popular y jueces, así como la situación de crisis penitenciaria y el hacinamiento.  

Expresaron que urge trabajar en un acuerdo nacional, para impedir que la delincuencia y el crimen organizado se apoderen del país, al tiempo de invocar a desarrollar una verdadera política de rehabilitación social que permita la reinserción de las personas privadas de la libertad a la sociedad.

Cuestionaron la actitud de ciertos jueces y fiscales que facilitan la salida de los procesados, a pesar que cuentan con 15 o más detenciones y un peligroso historial delictivo. Se debe evaluar permanentemente el accionar de los administradores de justicia en base a la calidad de sentencias, agregaron.

Puntualizaron que el 73.43 % de la población ha sido víctima de un delito, el 48 % de personas privadas de la libertad están sin sentencia, aspectos que deben ser abordados con responsabilidad. Destacaron que es importante, además, implementar el principio de la debida diligencia, tomando en cuenta la norma de la Corte Internacional de Derechos Humanos, para sancionar, de forma ejemplar, delitos contra la mujer y la familia, en razón de la condición de vulnerabilidad.    

MG/

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