La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanza en el análisis del proyecto de Ley de Registro Nacional de Violadores, Abusadores, Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, previo a la elaboración del informe para segundo debate en el Pleno. Esta vez escuchó las observaciones del Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura y la Cancillería.
La institución que tendrá a su cargo la administración del registro fue tema de debate. Que sea el Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai), se planteó desde diversas instancias.
Diego Tipán y Juan Loaiza, subsecretarios del Ministerio del Interior, explicaron que este organismo únicamente tiene un registro policial, es decir, sobre detenciones, pero que la información sobre personas con sentencia condenatoria la posee el Consejo de la Judicatura, organismo que debería administrar el registro.
Igualmente, expresaron que en materia migratoria tienen coordinación con la Cancillería, a fin de monitorear a personas que ingresan al país y tienen antecedentes penales por violación a niños y adolescentes, para prevenir posibles casos de agresión sexual.
Según los funcionarios, este cruce de información permite generar alertas migratorias en coordinación con la Policía en los distintos puntos de ingreso al país.
De su lado, Andrea Balseca, subdirectora nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, advirtió que este organismo no está en capacidad de administrar el fondo, argumentando que la información que posee en este momento contiene los nombres, cédula y domicilio, ni siquiera el número de años de la condena.
Sostuvo que esa información actualizada la tiene el Snai, por lo que sugirió que ese organismo sea el que administre, más aún si también tiene datos como los traslados a otros centros, domicilio actualizado, huellas dactilares y edad.
Informó que en lo que va del año han ingresado 500 causas por abuso a la integridad sexual a niños, niñas y adolescentes y en total se han sustanciado 4.696, información consta en el Snai.
De la Cancillería estuvo Carlos Velasteguí, quien felicitó a la Legislatura por esta iniciativa que constituye un proceso sustantivo para proteger a niños y adolescentes de delitos execrables como la violación. Velasteguí manifestó que si bien el registro de antecedentes penales no es competencia de Cancillería, han suscrito convenios de cooperación con otros países para el control del ingreso de extranjeros, a fin de generar alertas migratorias.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, sostuvo que es necesario articular la cooperación entre diversas instituciones, porque ninguna por sí sola tiene toda la información sobre personas con sentencia condenatoria. Lo principal es asegurar el interés superior del niño y evitar el abuso infantil, enfatizó.
A la legisladora Lourdes Cuesta, autora del proyecto, le preocupa que el proyecto no pueda funcionar, porque las entidades que tienen información sobre la temáticas no asumen la responsabilidad de administrar el registro. No puede ser que la protección de niños, niñas y adolescentes dependa de un sistema informático, aseguró.
Por último, el asambleísta Héctor Muñoz sostuvo que es importante analizar la legislación que sobre el tema han expedido otros países, para prevenir de manera efectiva el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
PV
