En el marco de los acuerdos de la Agenda 2030, desarrollada por el Gobierno Nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, esta mañana en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) se firmó el Acuerdo Nacional 2030 para el Acceso a la Justicia por una Vida Libre de Violencia.
El presidente del Legislativo, César Litardo Caicedo, participó de la firma de esta iniciativa que permitirá la creación de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia en Ecuador. Esta instancia será la encargada de brindar respuestas eficaces para garantizar el acceso a la justicia, seguimiento de las víctimas con especial atención en unir esfuerzos en la restitución de derechos mediante la protección integral efectiva.
En este sentido, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, conjuntamente, deberán para el 2020, fortalecer la justicia especializada del país a favor de asegurar que los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de movilidad humana, tengan acceso eficiente a la justicia.
Para Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, “la articulación de los sectores institucionales se realiza por una causa común que es la de reducir la violencia de género”. Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que la firma de este Acuerdo velará por el cumplimiento de los derechos y que se convierte en una línea de gestión para disminuir la brecha entre las instituciones y la gente.
Así también, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, conminó a los ciudadanos a identificar si los servidores judiciales tienen mal comportamiento, esto con el objetivo de garantizar eficiencia y eficacia en todos los procesos judiciales.
Como día histórico calificó Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, al referirse que es la primera vez que la Función Judicial y el Ejecutivo trazan un eje de gestión para coordinar acciones a favor de estos grupos vulnerables.
Entre tanto, Miriam Yánez, promotora del grupo 2030 y representante de la ciudadanía, enfatizó en que el acuerdo garantiza el acceso especializado, sin discriminación y con una adecuada tutela judicial a las víctimas. Finalmente, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recordó el trabajo desarrollado en los territorios que han permitido recoger las propuestas ciudadanas de las que se desprenden los ejes de este Acuerdo.
Datos del Acuerdo
El Acuerdo 2030 por la Vida Libre de Violencia, se desarrolló en 16 zonas y provincias. Contó con el apoyo y aporte de 3 100 líderes y lideresas sociales, así como de mujeres y de derechos humanos. Tiene además el apoyo de 160 Gobiernos Autónomos Descentralizados, 21 gobernadoras y gobernadores del país. EA
