Este martes, la Comisión de Fiscalización y Control Político continuó con la recepción de pruebas de cargo y de descargo, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas en contra José Carlos Tuárez, Rosa Chalá Alencastro, Victoria Desintonio y Walter Gómez, presidente y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por los asambleístas Raúl Tello y Jeannine Cruz; y, Fabricio Villamar.
En la jornada de hoy, 30 de julio, la Comisión escuchó a los expertos en derecho María Paz Jervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK y Ramiro García Falconí, subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, quienes coincidieron en que sí se configuró el desacato respecto de las competencias excepcionales del organismo transitorio, reconocidas mediante sentencia de la Corte Constitucional.
Según María Paz Jervis, en desacato del dictamen de la máxima instancia de justicia constitucional, los cuatro vocales que resolvieron integrar una Comisión que revise la selección de jueces constitucionales efectuada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, incurrieron en incumplimiento de funciones, por lo que cabe la responsabilidad política que se persigue en la interpelación.
Mientras, Ramiro García subrayó que los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social inobservaron lo dispuesto en el Art. 226 de la Constitución de la República, por el cual las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Además, el desacato fue una acción deliberada respecto de la revisión de la selección de los jueces de la Corte Constitucional, pero solo era el inicio de la revisión de todo lo actuado por el Consejo Transitorio.
Descargos
Mientras, la tarde y noche del lunes, la mesa recibió a José Carlos Tuárez y los tres vocales del Consejo de Participación sobre quienes pesan las solicitudes de juicio político. Ellos expusieron sus argumentos de descargo respecto del presunto desacato de una sentencia de la Corte Constitucional y el incumplimiento de funciones previstas en la Constitución y la Ley.
José Carlos Tuárez subrayó que “los cuestionamientos en su contra no tienen sustento legal alguno, sino solo animadversión en su contra”. Negó que sea representante de un culto religioso, pues no es padre sino fraile de la congregación de los dominicos, quienes solo han jurado el voto de obediencia. Afirmó que es representante de la Iglesia solo cuando impone las manos para bendecir y consagrar en la celebración de un oficio religioso. Adicionalmente, en la actualidad goza de una exclaustración temporal.
De su lado, Rosa Chalá Alencastro, vicepresidenta del CPCCS, dijo que “le llama la atención que a una autoridad electa con más de dos millones trescientos mil votos se la llame a un juicio político, en apenas 46 días de gestión”. A la vez, justificó los reclamos de ciudadanos en las afueras de la Asamblea, en defensa de la representación en el Consejo, que llegaron a excesos en contra de la prensa y gente que transitaba por el sector.
Entre tanto, Walter Gómez, vocal del referido Consejo, aseguro que la solicitud de juicio político se fundamenta en el supuesto incumplimiento de funciones que se habría consumado en la sesión 004 del Consejo de Participación Ciudadana, en la cual se mocionó conformar una comisión especializada que revise el procedimiento administrativo para la selección de los jueces de la Corte Constitucional, cuando esa moción se retiró del acta en la siguiente sesión.
Mientras, Victoria Desintonio, también vocal del organismo, en lugar de presentar pruebas de descargo, dedicó su tiempo a cuestionar la confianza de la ciudadanía en el Ejecutivo y otros organismos del Estado, según supuestas encuestas cuya fuente no fue revelada.
EG
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