Con 77 votos afirmativos y 9 abstenciones, la Asamblea Nacional solicitará al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a la Procuraduría General del Estado, para que en acto conjunto, el MAG y la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) lleven a cabo un proceso de mediación, para que en el menor tiempo posible, se recupere 4’ 974.555 dólares.
La resolución de iniciativa de la asambleísta Verónica Guevara plantea exhortar al directorio de la UNA EP, que en base a las condiciones de calidad de los productos, analice la posibilidad de autorizar a la gerente General de la empresa, la comercialización de los productos por debajo del precio del costo.
Se solicita a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, priorice las investigaciones y determinación de responsabilidades que se encuentran en curso por los contratos de venta a plazo, según las denuncias presentadas por la Gerencia de la UNA EP.
Que la Fiscalía General del Estado, en el marco de respeto a la independencia de funciones, investigue el posible cometimiento de delitos de peculado, uso doloso de documento privado u otros por los contratos de venta a plazo, según las denuncias realizadas por la Gerencia de UNA EP, ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
Previo a la aprobación de esta resolución, los parlamentarios escucharon a María Eugenia Martínez, gerente general de la UNA EP, quien expuso la problemática que enfrenta esta empresa por falta de liquidez y formuló un pedido al Parlamento para que diferentes instituciones del Estado y de control trabajen de manera articulada para dar una adecuada dirección al sector productivo del país, por tanto, se establezca una herramienta para que puedan operar de manera eficiente.
Lo importante es el reprocesamiento del grano pilado para la obtención de productos como el arrocillo, dijo. Pues la baja rotación de la gramínea, desde años anteriores, afecta su precio, imposibilita canales de distribución y dificulta la comercialización a nivel nacional e internacional.
En el debate de este tema los legisladores señalaron que la UNA EP no cumplió la función para la cual fue creada, afectando a miles de agricultores. Hubo malas administraciones, negligencia y poca atención a las necesidades de los sectores campesinos. Precisaron la urgencia de mitigar el contrabando de la gramínea en las fronteras del país ya que afecta directamente en el precio de venta del producto.
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