La Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Ximena Peña, profundizó el debate del proyecto de Ley de Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes. En tal sentido, recibió aportes y observaciones de los ministerios de Trabajo y Educación, así como de la Secretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores.
Fernando Sánchez, subsecretario de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores, comentó la necesidad que los datos sobre el Registro de Violadores se actualice cada cierto tiempo, cruzando información entre la Cancillería, el Consejo de la Judicatura y el Registro Civil.
Adicionalmente, se pronunció por analizar profundamente la situación de ciudadanos que hacen voluntariado, campamentos vacacionales, academias de diversa índole (danza, deportes y otros), a fin de que demuestren la probidad moral y profesional de los instructores y del personal en general. Hay que exigir a todos los trabajadores que están en contacto con menores que firmen un compromiso ético, el cual se adjuntará a sus contratos de trabajo, enfatizó.
Certificado de antecedentes a extranjeros
Héctor Guanopatín, viceministro de Trabajo, opinó que el proyecto de Ley de Registro de Violadores debe complementarse con la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), para reafirmar la imprescriptibilidad de delitos contra niños y adolescentes. En el artículo 10 se dispuso el impedimento de ejercer un cargo público a todas las personas con sentencia ejecutoriada por violación y trata de personas. Sin embargo, no está tipificado el abuso sexual, por tanto, debería aprovechar la oportunidad para incluir esta figura en dicha normativa.
Propuso que se exija a los ciudadanos extranjeros que ingresan al servicio público ecuatoriano un certificado de sus países de origen, de que no han tenido sentencia condenatoria por delitos de abuso sexual contra menores de edad.
Proteger a la niñez
Mientras, la asambleísta Lourdes Cuesta, autora del proyecto, expresó que la normativa debe abarcar a todos los que quieran trabajar con niños, niñas y adolescentes, en los sectores público y privado, no solo en el área de educación inicial, sino en academias, actividades extracurriculares. Esto permitirá mantener un control rígido y efectivo en torno a los certificados para desempeñar una actividad laboral con menores. Precisó que en el caso de adolescentes infractores no podrán ser parte del registro, precisamente por la confidencialidad de sus procesos, expedientes y derechos.
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