Esta mañana, la Comisión de Participación Ciudadana, presidida Raúl Tello, recibió a los representantes de la Mesa por la Verdad y la Justicia de Perseguidos Políticos “Nunca Más”. La comparecencia tuvo por objetivo exponer los hallazgos al informe final de esta mesa ciudadana, que busca justicia para los perseguidos y presos políticos en el periodo 2007-2017.
La Comisión abrió paso para que el representante Paúl Jácome exponga sobre el informe final que recoge una investigación sobre denuncias de las víctimas perseguidas políticamente. La Mesa por la Verdad y la Justicia dividió su trabajo en cuatro subcomisiones: defensa de los derechos humanos y de la naturaleza; 30-S, que a su vez se subdivide en civiles y fuerza pública; defensores de la libertad de expresión; y, pueblos y nacionalidades indígenas.
Para Jácome, en el gobierno pasado se impulsó una política de persecución y criminalización de una manera sistemática, estructurada y contundente, apoyada en el sistema judicial. Explicó que el informe final -con más de 200 páginas-, está dividido en varias partes que explican el contexto, marco jurídico y metodológico, con una parte teórica y de resultados. Las recomendaciones incluyen decenas de comparecencias de víctimas en audiencias públicas y privadas así mismo, una parte que evidencia la persecución en cifras.
Indicó que buscan de las instancias de la justicia y la Asamblea Nacional sigan los procesos para determinar la existencia de perjuicios a todas las víctimas de persecución política. Comentó que existen más de 247 casos procesados por la entidad, de los cuales 35 han sido presentados en audiencias públicas, con la presencia de 75 víctimas; 12 casos en audiencia reservada, con un total de 61 participantes, por lo cual concluyen que existió una evidente persecución política y criminalización de la protesta social entre 2007 y 2017.
Recalcó que “se usaron varios mecanismos para perseguir a la gente”, y que la justicia penalizó y persiguió, mediante supuestos delitos como sabotaje, terrorismo, rebelión, resistencia y paralización de los servicios públicos, a decenas de ecuatorianos. Además, dijo que la injerencia de otras funciones del Estado influyó en los resultados de los procesos judiciales. Sobre los servicios de inteligencia, comentó que estos actuaron para amedrentar a la gente. Con toda esta estructura, la mayoría de procesados terminó con sentencia y en la cárcel, finalizó.
De su lado, Raúl Tello, presidente de la Comisión, planteó que este informe sea tratado de manera prioritaria dentro de este órgano Legislativo. Esta propuesta fue aceptada por unanimidad de cinco asambleístas presentes. También, sugirió se establezca una hoja de ruta, conjuntamente con la Mesa por la Verdad y la Justicia, para gestionar en las diferentes instituciones y organismos internacionales las acciones para esclarecer toda la investigación.
Otras comparecencias
También acudieron a la Comisión José Bolaños y José Chausín, representantes de la Unión de Organizaciones Clasistas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus empresas. Los representantes hablaron sobre las posibles reformas al código laboral. Dijeron que se mantendrán vigilantes ante el tratamiento de esta propuesta pues, a su juicio, es una anti reforma que vulneraría derechos alcanzados por la lucha de los trabajadores del país.
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