Durante los últimos tres meses, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado mantuvo 28 sesiones y recibió más de 30 comparecencias de varias autoridades, que expusieron aportes y observaciones a diferentes propuestas legales.
La definición del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales (REVAS), de iniciativa de Lourdes Cuesta, así como el primer informe de las reformas penales en materia de tránsito tendrán un tratamiento prioritario, luego del receso legislativo.
También la mesa está pendiente del tratamiento, en el Pleno de la Asamblea Nacional, del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual contempla temas relacionados a la lucha contra la corrupción, la inseguridad, la protección de testigos, reafirmación de la imprescriptibilidad de los delitos contra menores de edad, aborto no punible en casos de violación, tipificación del maltrato animal, sanciones para frenar la comercialización de medicamentos falsificados y caducados, entre otros aspectos.
Respuesta a situación de violencia
La asambleísta Ximena Peña, presidenta del organismo, indica que, en cumplimiento de la resolución del Pleno sobre la preocupación de casos de violencia de género y femicidios registrados en Latacunga, provincia de Cotopaxi, la Comisión de Justicia elaboró un amplio informe con varias sugerencias.
Rol fiscalizador
Recordó que en el ámbito de control político y de fiscalización, la mesa convocó a los miembros del Consejo de la Judicatura, para que informen los detalles del proceso de evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Debate integral
Enfatizó en la necesidad de realizar un debate amplio e integral sobre el contenido y alcances de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, por lo que, oportunamente, mocionó que el Pleno de la Legislatura discuta, en una primera fase, los libros Primero y Segundo hasta el artículo 202, luego, en una segunda etapa, se dé paso a los demás articulados.
El proyecto establece mecanismos que promuevan la denuncia de casos de corrupción, que el denunciante lo pueda hacer de manera reservada y tenga opción de integrase al programa de testigos protegidos que tiene el Estado, garantizando, en todo instante, su seguridad. La autoridad podría autorizar un traslado administrativo con el mismo nivel de trabajo, jerarquía, licencia con sueldo, respetando sus derechos laborales, argumentó.
Como incentivo y motivación de la denuncia, en el objetivo hacer efectiva la recuperación de activos, bienes y dineros mal habidos, se determina que la persona que denuncia podrá recibir una compensación del 20 % de lo recuperado, siempre que no haya sido parte del cometimiento del delito, agregó. Mencionó que las figuras de comiso sin sentencia y a terceros van también en la línea de extinguir la propiedad de bienes productos de actos ilícitos.
Además, señaló que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana se incorpora como insumo al COIP, en el cual se incluye el principio de justicia material a favor de las víctimas, garantizando la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, reparación integral y no impunidad.
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