A poco más de los 100 días de gestión, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, comentó que no es adecuado evaluar el trabajo por el número de leyes aprobadas, sino por la calidad de las mismas y el beneficio que representa para los ecuatorianos.
Manifestó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha calificado, hasta el momento, 59 proyectos de ley y se congratuló en que la mayoría sea de iniciativa de los parlamentarios, ya que en años anteriores gran parte provenía del Ejecutivo.
Informó que luego del receso priorizarán normativas que tengan mayor impacto social, entre ellas, las reformas al sistema de Seguridad Social y las reformas laborales. También, trabajarán en cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Juicios políticos
Mencionó que el rol de la Asamblea es el control político. En ese aspecto, resaltó el trabajo en cuanto a los juicios políticos que se han desarrollado hasta el momento. Sin embargo, dijo que no todo debe terminar en censura o destitución de un determinado funcionario. Puntualizó, además, que los tiempos empleados para estos han sido mínimos en comparación a otras administraciones.
Comisiones
En referencia a las comisiones de Gobiernos Autónomos y de los Derechos de los Trabajadores que aún no logran sesionar por discrepancias internas, señaló que existen dos caminos: el diálogo o reorganizar dichas mesas, porque ya se ha esperado el tiempo suficiente. “No se puede permitir que por un tema político se perjudique a los ciudadanos”, remarcó.
Bicameralidad
El parlamentario está en desacuerdo en que la Asamblea sea bicameral, pues para lograr mejoras no es necesario adoptar ese mecanismo. Declaró que, a pesar de algunos inconvenientes, el Legislativo camina y ofrece respuestas al país (…). Calificó como un error que el Parlamento sea bicameral, porque quizá entre las dos Cámaras (diputados y senadores) existirán más inconvenientes que los que se suscitan hoy y la aprobación de leyes tardaría.
Consejo de Participación
En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana sostuvo que, si bien no debe desaparecer, es conveniente limitar sus funciones. Manifestó que la potestad de nombrar a las autoridades de control debe volver a la Asamblea. Por último, destacó que es imprescindible fortalecer el proceso de participación ciudadana y la creación de veedurías.
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