El asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Byron Suquilanda, compareció ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales para exponer varias reformas al proyecto de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Solicitó que la normativa contemple un artículo el cual establezca que las personas ecuatorianas que retornen al país tengan derecho de acceder al 15% de la vivienda correspondiente al Plan del Migrante Retornado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos de conformidad a la Ley y su reglamento.
Otra reforma que propuso es al artículo relacionado con el derecho al acceso al sistema financiero. Actualmente la normativa contempla que las instituciones financieras públicas no exijan el historial crediticio de la persona retornada para el otorgamiento de créditos. El legislador sostuvo que se debería involucrar a las entidades privadas. Además, pidió que no se solicite que las cuentas -corrientes o de ahorros- de los migrantes tengan seis meses de apertura para acceder a los servicios bancarios, ni tampoco exigir el estatus legal en el país que reside para conceder préstamos de cualquier índole.
En referencia a la repatriación de restos mortales el asambleísta planteó que esta se dé sin discriminación alguna.
Un nuevo cambio está relacionado con el derecho a la exención o reducción de aranceles para la importación de menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos. Indicó que una vez presentada la documentación requerida y cumplidas las formalidades de ley en el menaje de casa, la Aduana del Ecuador tendrá un máximo de 10 días para proceder con la desaduanización del contenedor.
También propuso que las personas ecuatorianas retornadas podrán solicitar los beneficios hasta sesenta meses después de su regreso al territorio nacional, sin embargo, dijo que esto se podría discutir en el Pleno para ampliar el plazo a 10 años o de forma indefinida.
De su parte, el titular de la mesa legislativa Fernando Flores manifestó que los derechos de los ecuatorianos han sido vulnerados cuando regresan al país ya que la Ley de Movilidad Humana no ha establecido los mecanismos para la protección.
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