Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales trabaja en las reformas a la Ley de Movilidad Humana

Miércoles, 11 de septiembre del 2019 - 16:13 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales tiene previsto seguir con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En ese marco recibirá a los ministros de Relaciones Exteriores, José Valencia y de Gobierno, María Paula Romo, quienes sustentarán la propuesta enviada desde el Ejecutivo.

Con el fin de recoger otras observaciones a la normativa, la mesa contó con la presencia del asambleísta Byron Suquilanda, quien planteó modificar e incluir artículos relacionados con el derecho a la vivienda, al acceso del sistema financiero de entidades privadas, reducir los tiempos de desaduanización de los contenedores (menaje de casa), repatriación de restos mortales y ampliar el plazo de duración de los beneficios de personas retornadas.

Los miembros de la Comisión recibieron el proyecto de la asambleísta Esther Cuesta, que plantea, entre otros puntos, incorporar al artículo 3 de la Ley las definiciones de refugiado, refugiado sur place, trata de personas y tráfico ilícito de personas. Otra modificación es que una vez reconocida la condición de persona refugiada la autoridad competente de movilidad humana otorgará un documento de viaje y una orden de cedulación. Además, la Dirección General de Registro Civil tendrá la obligación de emitir el documento de identidad.

En referencia al derecho a la salud, la propuesta es que los extranjeros accedan a este beneficio en igualdad de condiciones y sin discriminación de su condición migratoria, de conformidad con la Constitución.

Sobre la deportación y expulsión, prevé que las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad, integridad o la de sus familias peligren por causas de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser regularizados de conformidad con la Constitución.

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