El Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos, coordinado por la asambleísta Doris Soliz, analizó varios casos de vulneración de derechos. Conoció de los legisladores Carlos Viteri, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos y de José Chalá del Grupo Parlamentario para la Defensa de los Pueblos y Nacionalidades, un informe sobre la situación del caso de la población Furukawa.
Viteri recordó que las personas empleadas en esta empresa vivían en instalaciones en condiciones indignas e injustas, distribuidos en barracones donde convivían hasta seis personas, sin acceso a energía eléctrica o agua potable. Dijo que cabe sanción, cierre de la empresa y la redistribución de tierras a humildes familia.
Mientras José Chalá, manifestó que es inadmisible que en pleno siglo XXI se siga dando este tipo de esclavitud moderna. Demandó una reparación integral e hizo un llamado a todas las entidades y autoridades relacionadas con el tema para que informen sobre las respuestas de las recomendaciones que hizo la Defensoría del Pueblo en donde se comprometió a realizar una misión de verificación de derechos humanos con la finalidad de recabar información sobre la situación denunciada por estas personas en relación con la citada empresa, como herramienta útil para valorar sus situación.
Doris Soliz indicó que una vez tengan resultados se unirán con todas las instancias que abordan la temática, a fin de poder elaborar un informe.
Juventud
De su lado, el parlamentario Ronny Aleaga sustentó su proyecto de Ley Orgánica de la Juventud. Dijo que esta propuesta responde a las demandas de los representantes y miembros de los distintos sectores juveniles que por años fueron invisibilizados. Aseveró que es necesario crear canales y medios conductores, con políticas públicas y realidades integradoras, como son los nuevos hábitos de consumo y salud gratuita, aspecto que el Estado debe fortalecer para la juventud de la nueva era.
El documento contiene 3 títulos, 78 artículos, 3 disposiciones generales, 8 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final, en los que se establecen los derechos a la organización y la participación; a la salud; salud sexual y reproductiva; culturales; educación; trabajo digno, primer empleo y emprendimiento; derechos de libertad, entre otros.
Crisis penitenciaria
Por último la legisladora Marcela Holguín se refirió a la crisis carcelaria. Planteó realizar visitas a los Centros de Rehabilitación Social, CRS, junto a la Defensoría del Pueblo; solicitar información sobre el estado de la infraestructura a nivel nacional; fiscalizar los programas de rehabilitación social; solicitar información sobre la reclasificación de internos; entre otros.
RSA
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