La Comisión de Justicia prosiguió con el análisis del proyecto de las reformas al Código Orgánico Administrativo. Escuchó los criterios de la experta Gabriela Obando y de autoridades de la Procuraduría y del Sistema de Rentas Internas (SRI), quienes coincidieron en la necesidad de afianzar la protección de los derechos ciudadanos.
Gabriela Obando comentó que la normativa debe clarificar su aplicación respecto del accionar de funcionarios públicos y las debidas sanciones frente a delitos contra el ambiente, especialmente cuando se afectan a las especies en peligro de extinción o endémicas.
De su lado, Vladimir García, de la Procuraduría, expuso que el artículo 350 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) contenía el ejercicio de la potestad coactiva, pero fue derogado por el Código Administrativo.
Alertó que esta situación ha generado inseguridad jurídica y confusión en la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El tema debe revisarse de forma urgente, sostuvo.
Santiago Andrade, del SRI, consideró que el recurso de revisión es extraordinario y facultativo, el cual no debería estar sujeto a un silencio administrativo negativo, para un reclamo. Esto limitaría la posibilidad que el administrado pueda ejecutar acciones de impugnación en instancias posteriores, en decir, en instancias judiciales, agregó.
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