Garantizar la seguridad jurídica y dar sostenibilidad a los beneficios que genera la Ley de las Personas Adultas Mayores, es el objetivo del proyecto de interpretación de las disposiciones derogatorias novena y décima del referido cuerpo normativo, mismo que recibió el respaldo de la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero y de la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade.
En efecto, la Comisión de los Derechos Colectivos inició el tratamiento de este proyecto, de iniciativa del legislador Juan Lloret, quien aseveró que su propuesta tiene como propósito garantizar a las personas adultas mayores el respeto a sus derechos y beneficios.
Señaló que presentó el proyecto en razón de que las referidas disposiciones son imprecisas al derogar en su totalidad la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.
Expresó que las derogatorias resultan inaplicables, en razón de que hacen referencia a registros oficiales en los que no constan las leyes supuestamente derogadas, por lo que el proyecto busca brindar claridad y sentido a la Ley de las Personas Adultas Mayores.
El parlamentario explicó que el proyecto interpreta la derogatoria novena y elimina el capítulo 8 de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, que se refieren a la Ley del Anciano y en la derogatoria 10 deja sin efecto el articulo 5 de la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.
Estos criterios fueron respaldados por la ministra Berenice Cordero y Marisol Andrade, titular del SRI, quienes coincidieron que el proyecto es totalmente pertinente y viable.
La Ministra de Inclusión Económica y Social resaltó que la Ley de las Personas Adultas Mayores significa un cambio significativo a favor de esta población y un aporte invaluable de la Asamblea para asegurar los derechos, visibilizar la vulnerabilidad, garantizar cuidados especializados y un sistema de protección. “Este proyecto no afecta los derechos ni al sistema de protección del adulto mayor, ni interfiere en actividades de otras instituciones”, subrayó.
De su lado, Marisol Andrade, directora del SRI, reiteró que las dos derogatorias son inejecutables e imprecisas, por lo que no fueron aplicadas en el sistema tributario, a la vez que advirtió que de haber sido viables habría significado un impacto negativo de 327 millones de dólares en los ingresos del Estado.
Desde el punto de vista del SRI las dos derogatorias no tienen efecto jurídico. Esto en virtud del artículo 82 de la Constitución que determina que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, afirmó.
El presidente de la comisión, Jaime Olivo, reconoció la importancia del proyecto que contribuirá al desarrollo de las personas adultas mayores y a la generación de políticas públicas a favor de este sector poblacional.
A la sesión debía acudir, también, la directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, María Alejandra Muñoz, quien se excusó porque asistió a otra comisión legislativa, por lo que será llamada a una nueva sesión.
PV
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