La Comisión Ocasional de Tránsito receptó nuevas propuestas de reformas a la Ley de Transporte Terrestre. Así, el legislador Michel Doumet planteó que la formación, educación, capacitación de pueblos y grupos ancestrales, en materia de seguridad vial, se lo haga en sus lenguas.
De esta manera, se estimularía la conservación y uso del kichwa, shuar e idiomas ancestrales, es decir, en la malla curricular tomar en cuenta la realidad lingüística del Ecuador ya que existen 15 nacionalidades indígenas, más de 38 pueblos y se hablan 14 idiomas.
También habló de la efectiva administración y control de las compañías que rentan vehículos. Precisó que en la ley no existen disposiciones que permitan a la Agencia Nacional de Tránsito contar con un proceso de control, administración y sanción. Tampoco cuentan con una autorización de funcionamiento conferida por la mencionada autoridad de tránsito.
Hay que elevar a ley el marco normativo, controlador y sancionatorio de la emisión de estos títulos habilitantes que son propiedad del Estado, a fin de precautelar los derechos de los usuarios, agregó.
De inmediato, los legisladores escucharon a Alfredo Aguilar, concejal del cantón Cuenca, quien se refirió a la promoción del uso de vehículos eléctricos que generan 0 emisiones de CO2. Dijo que se debe declarar de interés público la movilidad eléctrica y sostenible. Para lograr este objetivo sugirió que se establezcan descuentos en la revisión técnica vehicular, restricción de circulación, gratuidad en zonas tarifadas administradas por los gobiernos autónomos descentralizados.
En otro orden, el funcionario señaló estar de acuerdo con la propuesta de movilidad activa a través de la cual se fomenta el uso de la bicicleta y a pie, por tanto, consideró que toda vía a ser construida, rehabilitada o mantenida, debe contar con el estudio técnico de seguridad y señalización vial al inicio de las obras.
Los municipios, consejos provinciales y Ministerio de Obras Públicas, deben exigir como requisito obligatorio, en todo nuevo proyecto de construcción de vías de circulación vehicular, la incorporación de senderos asfaltados o de hormigón para el uso de bicicletas, con una anchura que no deberá ser inferior a dos metros por cada vía unidireccional. Además, se debe establecer auditorías en las autopistas interconectadas nacionalmente o interestatales para la prevención de accidentes de tránsito, que debe estar a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, agregó.
Por su parte, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación de Transporte Liviano y Mixto, pidió hacer un seguimiento a la labor del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Le preocupa que no hay operatividad.
Mientras que los representantes de las cooperativas de Transporte Putumayo y Shushufindi denunciaron que la Agencia Nacional de Tránsito provincial no les otorga las frecuencias de transportación vehicular, entregando las rutas a otras empresas que no son de estas localidades.
En este marco, los legisladores pedirán que la Contraloría realice un examen especial de las frecuencias entregadas, pero a la vez citarán al Ministro de Obras Públicas, al Subsecretario del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Tránsito y al Director General de la Agencia Nacional de Tránsito para que respondan sobre esta irregularidad por la cual se irrespeta las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Amazónica, que establece el derecho preferente.
JLVN/lp
Más fotografías:
