Las directrices para la reorganización de la presencia institucional en territorio y la reestructura orgánica de la administración pública central, cuyo objetivo es fortalecer la prestación de servicios eficientes con amplia cobertura territorial, inició el pasado 26 de julio de 2019, así lo dio a conocer Katherine Argotty, Secretaria Técnica Planifica Ecuador, en la Comisión de Régimen Económico. La funcionaria destacó que con esta acción se reduciría el déficit fiscal, se eliminará la duplicidad de funciones en talento humano y recalcó que no se desvinculará a médicos, docentes, policías, militares, entre otros.
Tres instituciones son las responsables de llevar adelante este proceso. La Secretaría Técnica Planifica Ecuador que se encarga de la optimización de la presencia institucional en territorio; el Ministerio de Trabajo, encargado de aprobar el modelo de gestión institucional, estructuras organizacionales y estatutos orgánicos; y, el Ministerio de Finanzas, que optimiza los recursos financieros, explicó Argotty.
Precisó que a partir de julio de este año se renovaron normativas y metodologías, se socializó el Acuerdo a entidades de la administración pública central, además se optimizó y regularizó el nivel jerárquico superior y operativo de las entidades en territorio. Señaló que hasta el 18 de octubre de 2019 se actualizará la presencia institucional desconcentrada y hasta el 31 de diciembre, las estructuras orgánicas de talento humano. En la parte administrativa no se elimina personal, sino duplicidad de funciones, reiteró.
Katherine Argotty, mencionó que existen 123 instituciones de administración pública central. 61 entidades no tienen unidades desconcentradas y 62 de ellas cuentan con estas dependencias. Precisó que las propuestas de optimización de las 62 instituciones con presencia desconcentrada, se encuentran en análisis de la comisión de implementación y seguimiento. Los servicios no serán afectados por la optimización del nivel jerárquico superior, recordó.
Las acciones inmediatas que se ejecutarán hasta el 6 de enero de 2020 son: revisión del cumplimiento de los términos establecidos en las Disposiciones Transitorias del Acuerdo Interinstitucional, en lo que respecta a la terminación de contratos ocasionales, nombramientos provisionales y reducción de las estructuras del nivel jerárquico superior; aprobación de las propuestas de optimización a nivel desconcentrado enviadas por las Instituciones y finalmente la actualización del análisis de la presencia institucional en territorio a través del Modelo de Gestión Institucional, Estructuras Organizacionales y Estatutos Orgánicos.
Por su parte, Daysi Terán, Subsecretaria del Ministerio de Trabajo, señaló que en el proceso de revisión de la optimización y descentralización en territorio se buscó un ajuste de la administración pública central, debido a las distorsiones existentes. No se paralizarán los servicios y lo que se hará es evitar la duplicidad de funciones.
“No es verdad que se despedirá personal de manera masiva”, sentenció Terán al destacar que se protegerán los derechos de las personas de atención prioritaria. En este sentido, indicó que se respetarán sus contratos, además, quienes trabajaron por más de cuatro años, hasta el 12 de marzo de 2017 no serán excluidas.
Explicó que se ajustará el grado del nivel jerárquico en las coordinaciones zonales para que todos tengan un mismo salario. Se reubicarán Secretarías en espacios que no existen con el fin de fortalecer y mejorar los servicios a la ciudadanía.
Capacitación
A fin de debatir y generar conocimiento que contribuyan a la toma de decisiones para la implementación de la Agenda 2030 en el país, la Comisión de Régimen Económico, recibió a Marianela Curi, de la Organización Futuro Latinoamérica y Álvaro Andrade, del Grupo Faro. Los profesionales indicaron que la Asamblea Nacional asumió el reto para proteger a los grupos de atención prioritaria, con un análisis del impacto social, económico, ambiental de las leyes.
Dijeron que la Comisión de Régimen Económico tiene como meta relevante, mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole además de fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.
También, mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales; mejorar la aplicación de esos reglamentos; adoptar políticas, en especial fiscales y de protección social para lograr progresivamente una mayor igualdad de derechos.
JLVN/ea
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