Las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública están orientadas a enfrentar posibles actos de corrupción en todo proceso que afecte al Estado, fomenta la transparencia en la gestión pública, garantiza la calidad del gasto público, mejorara la simplificación y adecuación de los procesos para alcanzar concurrencia y agilidad, también, garantiza mayor seguridad jurídica y reduce la discrecionalidad, subrayó Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico.
Mendoza precisó que el país necesita fortalecer la capacidad institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a fin de que realice los procesos de manera oportuna, técnica y tecnológica. Indicó que es importante hacer un seguimiento riguroso para identificar y evitar vínculos perniciosos entre los actores de la contratación, y enfatizó en recuperar la naturaleza del Régimen Especial.
Además, hay que generar oportunidades para que más proveedores participen lo cual beneficia al país. Así también, incluir determinadas contrataciones que actualmente son directas a concurso público, racionalizar la ínfima cuantía con la reducción del monto tope de contratación del Presupuesto inicial del Estado.
Recalcó que Ecuador requiere mejorar las herramientas informáticas para fiscalizar las actuaciones de las entidades contratantes de inicio a fin y fomentar el uso de la economía de escala para lograr los mejores precios para las entidades contratantes
Daniel Mendoza, explicó que mientras no se establezcan reformas a la Ley de la Contraloría no se puede incorporar en las reformas a la Ley del Servicio Nacional de Contratación Pública, el concepto de informe previo para los procesos de contratación, ya que se debe evitar que se generen nuevos focos de corrupción.
El parlamentario indicó que el uso del régimen especial debe ser en casos únicos y que por su carácter ser expeditos. Se debe limitar las actividades que están sujetas a ese régimen por cuanto el propio sistema común ofrece soluciones igual de expedidas.
Con este criterio, dijo, se eliminaron del régimen especial de contratación a los servicios de comunicación social y se reforma la contratación vinculada al patrocinio jurídico, se limita a los casos de patrocinio nacional e internacional en sede judicial o administrativa y en mecanismos alternativos de solución de conflictos que requieran defensa inmediata requerida por la entidad contratante.
Mendoza, sostuvo que en el 2018 se contrató para el área de comunicación social, bajo régimen especial, ciento un millones de dólares, pero si se lo hubiera realizado bajo régimen común se hubiera generado un ahorro de 6.34 millones de dólares para el Estado.
Finalmente, mencionó que la Comisión unificó 8 propuestas presentadas por los asambleístas Henry Cucalón, María Mercedes Cuesta, Mónica Alemán, Absalón Campoverde, Rómulo Minchala y Juan Pablo Velín.
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