En diciembre se cumplen 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, con el propósito de que sus 30 artículos sean promovidos, respetados, protegidos y garantizados, el grupo Parlamentario que atiende esta temática organizó el panel “Derechos humanos, enfoques, reflexiones y acciones concretas”. En la cita participaron el jurista Romel Jurado y el director General Tutelar de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano.
Durante su ponencia, Jurado mencionó que las garantías constitucionales tienen un gran poder político, social y jurídico y que, en manos adecuadas, potencian el respeto, mejoran la vida y la dignidad de las personas. Así también, apuntó que el Estado y sus funciones solo pueden justificar su existencia y permanencia en la medida que despliegan su poder, autoridad y recursos para lograr la aplicación de esas garantías.
Se refirió, además, a la garantía normativa para su ejecución. En ese marco, señaló que el artículo 84 de la Constitución de la República habla de la necesidad de adecuar la legislación a los estándares de los derechos humanos nacionales e internacionales. Ratificó que el mecanismo más efectivo y masivo que tienen los Estados para lograr la plena aplicación es la planificación de políticas públicas.
Defensoría del Pueblo
Harold Burbano, representante de la institución, apuntó que el primer punto para el efectivo respeto de los derechos es su promoción frente a quien ejerce el poder. Manifestó que los derechos no son absolutos pueden limitarse y suspenderse, pero bajo ningún concepto restringirse.
Explicó que su limitación supone que a través de un fin legítimo se evite el ejercicio pleno del mismo; la suspensión implica una limitación continuada -se puede dar, por ejemplo, a través de estados de excepción-; mientras que la restricción es una limitación arbitraria ilegal.
Finalmente comentó que el Estado está en la obligación de respetar, garantizar y generar condiciones adecuadas para el ejercicio de las garantías constitucionales.
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