Dos temas concitan el interés de la Comisión de Régimen Económico en el ámbito legislativo, uno relacionado con el proyecto de reformas para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, propuesto por el procurador General, Íñigo Salvador; y, varias reformas relacionadas con transparencia y Responsabilidad Fiscal. Para analizar estas iniciativas, la mesa invitó al Procurador y a la directora Ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo.
Control previo
El proyecto para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos reforma las leyes de la Procuraduría General del Estado, de Servicio Público, del Sistema Nacional de Contratación Pública, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, Código Monetario y Financiero, a fin de prevenir actos de corrupción en la contratación pública y disminuir los conflictos.
Según cifras del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entre el 2010 y 2018, los contratos públicos ascendieron a cerca de 73 mil millones de dólares, sobre los que no se ha ejercido el control previo de su legalidad.
Para evitar la arbitrariedad en la contratación pública y promover el manejo eficiente de recursos públicos, se propone fortalecer la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado y restituir el control previo de la legalidad, con la revisión de las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución.
De esta manera se evitarán futuros litigios y se reducirán los espacios para los actos de corrupción, precisó Íñigo Salvador, al entregar el documento al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo.
Responsabilidad fiscal
En el segundo caso, se trata del proyecto presentado por el asambleísta Luis Pachala para la transparencia y responsabilidad fiscal, por el cual se propone que el Banco Central del Ecuador tenga como funciones establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado.
Propone que esta entidad, como agente fiscal, financiero y depositario de recursos públicos emita un informe previo sobre las condiciones financieras de las operaciones de financiamiento del sector público que superen el 0.05 % del Presupuesto General del Estado.
Prevé que el Directorio del Banco Central establecerá las políticas generales y líneas de acción de la institución y designará a su Gerente General.
El Directorio del Banco Central estará integrado por cinco miembros propuestos mediante ternas por el Presidente de la República, designados por mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones por un período de seis años, con renovación parcial cada tres años.
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