La Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad (110 votos afirmativos), el proyecto de Ley de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes (REVAAS), que forma parte de la Agenda Parlamentaria.
Específicamente, la normativa establece que personas con sentencia ejecutoriada por delitos de agresión sexual contra la niñez tienen prohibición de acceder a un cargo, oficio o actividad en centros educativos, academias (de ballet, deportes, etc.), campamentos vacacionales y voluntariados. Es decir, este tipo de individuos no podrán mantener cercanía alguna con menores.
La asambleísta Lourdes Cuesta, autora de la propuesta, explicó que REVAAS es una herramienta trascendental para consolidar los derechos de la niñez en el país, acorde con los convenios internacionales, la legislación comparada, el Código de la Niñez, y la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Argumentó que el registro lo administrará el Ministerio de Gobierno, con información y apoyo del Consejo de la Judicatura y la Secretaría Nacional de Personas Privadas de la Libertad, mismo que se actualizará permanentemente. Precisó, que la ley se discutió y socializó durante un año y se enriqueció con aportes de la academia, expertos, entidades públicas, docentes y organizaciones sociales.
La Legisladora, enfatizó que la propuesta ha sido bien vista y comentada a nivel mundial. También, recalcó que es una demostración efectiva y positiva de la gestión de la Asamblea en defensa de los derechos de los menores. Los padres de familia y la población podrán recuperar su tranquilidad, a sabiendas que sus hijos estarán debidamente protegidos mientras cumplen actividades escolares o en otros ámbitos públicos y privados, aseguró.
Insistió que REVASS va en la línea de prevención y protección de la niñez, convirtiéndose en un mecanismo que frene el cometimiento de delitos sexuales, disuadirá este fenómeno y evitará la impunidad, al precisar que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) tienen un rol fundamental: exigir certificados para el otorgamiento de permisos de funcionamiento de academias y otros locales que trabajen con niños, donde el personal deberá presentar datos sobre sus antecedentes penales.
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