La Comisión de Régimen Económico escuchó a Iñigo Salvador, Procurador General del Estado quien explicó el contenido del proyecto de reformas para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos estatales. El objetivo es prevenir acciones de corrupción en la contratación pública y disminuir los conflictos que pueden darse, dijo.
El funcionario fundamentó su exposición en tres ejes: control previo de legalidad de contratos a través de un control concurrente y posterior; la creación de un comité de prevención de disputas que permitirá evitar litigios innecesarios del Estado y el fortalecimiento institucional como mecanismo de reducción de los espacios de litigio contra el Estado.
Por reiteradas ocasiones indicó que es necesario restituir el control previo de legalidad de actos y contratos fortaleciendo la facultad de asesoramiento de la Procuraduría General del Estado, para evitar disputas o una inadecuada aplicación de la ley.
Mencionó que la contratación pública representa un monto significativo del presupuesto e inversiones del Estado. La eliminación del control previo a la contratación pública ha reducido la efectividad e incrementado la arbitrariedad en el buen uso de los recursos públicos.
Indicó que según cifras del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entre el 2010 y 2018, los contratos públicos ascendieron a cerca de 73 mil millones de dólares, sobre los que no se ha ejercido el control previo de su legalidad. En este monto no se incluye contratos de los sectores estratégicos ni de licitación por emergencia, añadió.
Mencionó que entre el 2014 al 2018 se registró el pago de dos mil millones de dólares por pago de arbitrajes internacionales, 25 millones como monto determinado en sentencia en el Contencioso Administrativo.
Para evitar la arbitrariedad en la contratación pública y promover el manejo eficiente de recursos públicos, se propone fortalecer la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado y restituir el control previo de la legalidad, con la revisión de las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, agregó. De esta manera se evitarán futuros litigios y se reducirán los espacios para los actos de corrupción, precisó Íñigo Salvador.
Indicó que para el fortalecimiento institucional es necesario establecer una estrategia de prevención mediante el asesoramiento y capacitación a los organismos y entidades del sector púbico, en materias de competencia de la Procuraduría, brindando orientación sobre la aplicación de las normas legales, sin efecto vinculante. Es importante articular las iniciativas de ley relacionadas con contratación públicas sobre control previo de la legalidad y lucha contra la corrupción, sostuvo.
A los parlamentarios les preocupa el silencio administrativo que puede darse en el proceso. Iñigo Salvador señaló que las entidades contratantes deben exigir el informe previo de la Procuraduría, cuyo documento lo debe emitir en un término no mayor de 30 días con las observaciones correspondientes. La Procuraduría debe mantener el control concurrente y posterior sea de oficio, por denuncia de una persona privada o cualquier ciudadano, pero sobre todo de los que están inmersos en el proceso de contratación, sentenció.
En el seno de la comisión se propuso la descentralización de la Procuraduría en las capitales de provincia, con la debida autonomía, a fin de dar agilidad en el informe previo de legalidad del contrato.
JLVN/ea
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