El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocó a la continuación de la sesión 623 del Pleno, este jueves 24 de octubre, a partir de las 09:00, en la que proseguirá el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
La Comisión Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, presidida por el asambleísta Absalón Campoverde Robles, construyó los respectivos informes tomando en cuenta las propuestas de la Fiscalía General del Estado y de la legisladora Lourdes Cuesta Orellana.
Contó con aportes de los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Inclusión Económica, Defensa; Policía Nacional; Defensoría del Pueblo; Registro Civil, Identificación y Cedulación; Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas); Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja; Defensoría Pública; Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec), Organización Desaparecidos (Desendor), facultades de Jurisprudencia de varias universidades, Sociedad Civil de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Consejo de la Judicatura, Consorcio de Gobiernos Provinciales Autónomos (Congope), Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); y, Procuraduría, también formularon observaciones a la propuesta legal.
El proyecto, que se aplicará en todo el territorio nacional, define el procedimiento para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas; las diligencias e investigaciones, así como las intervenciones efectivas y oportunas, que deben ejecutarse previo al inicio de un proceso penal.
Los ejes centrales del proyecto de ley son: prevención, registro específico de ciudadanos desaparecidos y la articulación de gestión de 18 entidades públicas para enfrentar el incremento de este fenómeno.
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