La Comisión de Derechos Colectivos aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley con el que se interpreta las disposiciones derogatorias novena y décima de la Ley de las Personas Adultas Mayores. El objetivo es precisar que no se elimina en su totalidad las Leyes de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, así como la de Equilibrio de las Finanzas Públicas, sino únicamente parte de ellas.
En el informe se explica que en la primera norma, vigente desde el 2014, se da de baja solo el Capítulo VIII, mientras que en la segunda, que rige desde el 2016, se inhabilita exclusivamente el artículo cinco.
La Ley de las Personas Adultas Mayores adecúa la normativa a los nuevos principios y enfoques de la Constitución de 2008, que reconoce derechos específicos para estos grupos vulnerables, que no se contemplaban en la Ley del Anciano. Entre ellos, se desarrollan los derechos a una vida libre de violencia, a la no discriminación, a los de libertad, seguridad social, acceso a la justicia, educación, protección y atención integral.
Denuncia de racismo
La Comisión escuchó a Édison Nazareno, conductor de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE) quien denunció racismo en su contra por parte de una autoridad de esa entidad.
Gabriel Herrera, gerente general de APE; y Jessica Hanze, jefe financiera, también se pronunciaron sobre el tema. Esta última desmintió la acusación en su contra. Frente a esas declaraciones, la Comisión aprobó una resolución para remitir a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo el presunto caso de discriminación racial de que ha sido objeto el señor Nazareno.
LILA/ea
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