Hoy, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado dio paso al análisis de la objeción parcial y por inconstitucionalidad al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El pronunciamiento estaría listo en las próximas horas, el cual servirá de insumo para el argumento de defensa que hará la Asamblea, a través de la Coordinación Jurídica, ante la Corte Constitucional.
En todo caso, la mayoría de miembros de la mesa coincidieron en defender la legalidad del comiso sin sentencia, al tiempo de cuestionar la incorporación de la figura de la incautación por ser jurídicamente improcedente.
Mencionaron que en el proceso de debate y socialización de la propuesta las autoridades de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Secretaría Anticorrupción, entre otras entidades, apoyaron el tema del comiso como una herramienta efectiva y eficaz para combatir la corrupción y, lo que más, recuperar los bienes adquiridos ilícitamente, recogiendo incluso la corriente mundial al respecto, por lo que no se explica la posición gubernamental.
Ximena Peña, presidenta de la Comisión, lamentó que en el Ejecutivo existan criterios divididos, ya que la Secretaría Anticorrupción se mostró, oportunamente, a favor del comiso, mientras la Secretaría Jurídica de la Presidencia maneja otra opinión, lo que causa molestias en los comisionados, quienes han expresado su voluntad de ratificarse en lo aprobado en el Pleno y que, en esa línea, la Coordinación Jurídica argumente esa postura en la Corte Constitucional, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
El discurso de lucha firme contra la corrupción no debe quedar en palabras, sino concretarse en medidas jurídicas y eficaces que deriven en acciones para recuperar lo robado producto de actos irregulares, sostuvo Kharla Chávez, vicepresidenta del organismo. No se entiende el veto al comiso sin sentencia y a la vez el planteamiento para incluir la incautación, lo que consta en la ley, enfatizó.
MG/cz
Más fotografías:
