Un informe preliminar de las últimas manifestaciones suscitadas en Ecuador presentó, ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Durante su comparecencia sostuvo que los días más críticos fueron el 10, 11 y 12 de octubre. El primero hubo 10 policías y 31 periodistas retenidos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar donde se reunía la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). El 11 y 12 se mantuvo en asedio a la Asamblea Nacional y el 12 se incendió la Contraloría.
En cuanto a las inquietudes de los legisladores sobre algunos abusos policiales para reprimir a los manifestantes, dejó claro que la Policía jamás usó la fuerza letal en su contra y recalcó que ni una sola persona perdió la vida como resultado de un ataque, o por la manera de repeler de los uniformados. La ministra reconoció el legítimo derecho a la protesta social; sin embargo, apuntó que lo sucedido desencadenó en una violencia jamás suscitada en el país.
Recalcó que el Estado actuó con prudencia y cautela en el marco de la Constitución y la Ley. Así también, remarcó que el estado de excepción permitió evitar un caos mayor en el Ecuador, no descartó que los intentos de desestabilización estaban apegados a generar impunidad en diversos casos judiciales.
En cuanto al ataque a universidades con gases lacrimógenos dijo que estos no fueron provocados por miembros de la Policía, lo hicieron personas encapuchadas que intentaron sembrar terror en esos centros, comentó.
La intención del Gobierno no es perseguir a nadie, pero quienes financiaron y concertaron ataques con un afán desestabilizador deberán ser puestos a órdenes de la justicia reiteró Romo. “No persecución, sí justicia, sí verdad, aseguró.
Entre tanto, Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, a su turno de comparecer, aseguró que durante las jornadas de protesta actuaron grupos con una alta preparación de tipo militar, a nivel de guerrillas urbanas, cuyo objetivo era el derrocamiento del Gobierno, generar inestabilidad política y la finalización del estado democrático. Estos son los responsables directos de los actos violentos, vandálicos, saqueos, mediante la utilización de lanza cohetes, papas con clavos, cascos, lanzas, palos, pirotecnia, escudos metálicos, bombas molotov, entre otros, sostuvo.
Precisó que la Fuerza Pública actuó con mucha tolerancia y que jamás se disparó una arma de fuego contra la ciudadanía, a pesar de que un importante grupo de uniformados fue víctima de humillación. Indicó que 255 efectivos militares fueron retenidos, ocho resultaron heridos y se ha contabilizado daños por USD 80 millones por equipamiento destruido e incendiado (camiones, tanquetas, buses, etc).
Movilizaciones en cifras
Durante las manifestaciones en los sistemas de salud se atendió a 1.507 personas; 202 policías estuvieron privados de su libertad, el 09 de octubre se presentó el peor escenario en 16 provincias, con un nivel de abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas minoristas y supermercados menor al 44 %.
El día más crítico para las afectaciones de hidrocarburos fue el 13 de octubre, se registró una pérdida de 275.222 barriles de producción. El total de pérdidas de producción acumulada, del 07 al 14 de octubre, es de 1'516.137 barriles, equivalente a USD 87,27 millones.
Debate
Los legisladores cuestionaron el vandalismo, el saqueo y la delincuencia, durante las protestas, pidieron sanciones para los responsables, sin embargo, también solicitaron respeto a los derechos humanos, atención integral al movimiento indígena y ampliar el diálogo con todos los sectores antes de tomar medidas que afecten a la población ecuatoriana.
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